15 de septiembre de 2018 Número 132 Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Suplemento Informativo de La Jornada |
Las masacres impunes contra los pueblos
 Pueblos en resistencia. FOTOS: Diógenes Rabello
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Carlos Alberto Feliciano [email protected]
De acuerdo con la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), en Brasil desde comienzos del siglo XXI más de 930 familias relacionadas con acciones de ocupación o posesión de tierra sufrieron algún tipo de amenaza, desalojo, tentativa de desalojo o expulsión.
En relación a la violencia más brutal, 684 personas fueron asesinadas en ese periodo. En promedio, cada nueve días una persona pierde la vida en la lucha por el acceso, permanencia y/o retoma de la tierra o trabajo en el campo. En el periodo de datos sistematizados por la CPT, qua va de 1985 a 2017, fueron asesinadas 1813 personas en el campo: 1011 campesinos, 291 trabajadores rurales, 317 agentes de mediación y líderes y 194 entre indígenas y quilombolas (afrodescendientes).
Podemos afirmar que el 50% de las muertes en el campo en el siglo XXI (2001 a 2017) son de campesinos (331 asesinatos), otro 50% está constituido por asesinatos de agentes de mediación y líderes (198 asesinatos), indígenas y quilombolas (94) y trabajadores rurales (61).
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Frente a esta perspectiva, entendemos que en Brasil hay dos procesos principales de resistencia (y resistentes) territorial en los que está vinculada la violencia en el campo: la violencia al entrar o retornar a la tierra o el territorio (con derecho a la propiedad privada, familiar, colectiva o comunitaria de la tierra o reconocimiento de un mundo específico de su relación con la tierra); y la violencia por permanecer en la tierra o territorio (sea con sujetos sociales, campesinos productores de materias primas para la industria y la ciudad, campesinos productores de alimentos, la familia y/o comunidad). Los dos tipos de resistencia tendrían como punto central la lucha por una autonomía plena o relativa en relación al capital.
En la fase trágica más reciente de la cuestión agraria brasilera, el año de 2017 entró a la historia. No bastó con el aumento de los asesinatos en el año 2016, batiendo record en comparación con 2003, el año 2017 marcó el retorno de las masacres en Brasil.
El análisis de los conflictos y ocurrencias de violencia en 2017 presenta sus particularidades: el regreso de las masacres y el repunte de la barbarie y la crueldad de estos eventos. Ese año fue marcado con el registro del mayor número de masacres desde que la CPT comenzó a registrarlos en 1985.
Fueron cinco masacres con 31 muertos; desde 1998 no se registraban más de dos masacres al año.
El histórico de las 71 muertes registradas da cuenta de situaciones de humillación antes de la ejecución, como ejemplo de miedo y terror. Fueron registradas muertes con arma blanca, uso de garrotes, descuartizamiento y acciones de ejecución sistemática con tiros por la espalda, en el corazón y en la nuca. Es significativo que todas estas muertes no fueron producto de enfrentamientos, sino de emboscadas. En una de estas emboscadas, la Policía Militar del Estado de Pará realizó en 2017 la mayor masacre, en comparación con la Masacre de Eldorado dos Carajás en 1996.
 El Estado brasileño renunció del control territorial a favor del capital y la clase oligárquica moderna.
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Históricamente, al revisar los datos recolectados por la CPT sobre las masacres en el campo y los análisis de investigadores, el Estado brasileño actuaba solo cuando había presión en las áreas de conflicto y cuando los casos de violencia (asesinatos individualizados y masacres) tenían repercusión nacional o internacional. A partir de la materialización de la violencia, el Estado adoptaba alguna medida de compensación, como crear un asentamiento, regularizar la posesión o demarcar tierras indígenas o quilombolas. Actualmente, incluso con 5 masacres ocurridas durante 2017, el Estado golpista no adoptó ninguna medida.
La violencia y las masacres aumentan en Brasil y van configurando espacios brutalizados, donde el Estado brasileño renunció del control territorial a favor del capital y la clase oligárquica moderna. En este momento, no hay más posibilidad del discurso de lo posible. Esta postura legitima los actos criminales de rancheros y del capital internacional y nacional, en alianza o no, a actuar tanto en la legalidad como en la ilegalidad. Todo esto porque hay una certeza de que la impunidad es un rasgo histórico del campo brasileño.
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