Descolonizando pensamientos y prácticas

Epifanio Díaz Sarabia [email protected]

En esta última semana se ha arreciado el debate en los espacios periodísticos ya reservados y consagrados a determinados “intelectuales orgánicos” más cercanos a la élite intelectual de la pequeña burguesía (como bien lo expresa Eduardo Garfias en su columna en el periódico Noticias de Oaxaca) que, al pensamiento de los pueblos originarios de esta nación, en el sentido de si con el nuevo gobierno estamos asistiendo a un nuevo “neoindigenismo”. Lamentablemente, el silencio que ha guardado Andrés Manuel López (AMLO) tanto en su campaña y ahora como presidente electo, respecto a la condición política y colonizadora en que sobreviven actualmente los pueblos indígenas de nuestro país, me empuja a reconocer cierta razón a estas voces distantes culturalmente y divergentes políticamente.

En efecto, no obstante los datos estadísticos oficiales del INEGI (censo 2015), que dicen que más del 23% de la población mexicana tiene alguna adscripción étnica, el presidente electo ha omitido identificar en su discurso político al Estado Mexicano como un Estado plurinacional o pluricultural, minimizando, por el contrario, la representación de los pueblos en el gobierno de la cuarta transformación, al limitarlo a las coordinaciones indígenas de los estados, en lo que en otros tiempos fueron los centros coordinadores indigenistas.

Mujeres indígenas de Oaxaca.

Asimismo, en materia de crecimiento económico, en reiteradas ocasiones el próximo jefe de ejecutivo ha apuntalado el proyecto del “tren maya” y el “corredor transístmico”, los cuales, en caso de ejecutarse afectarán de alguna u otra manera el hábitat y los territorios indígenas de los estados de Veracruz, Chiapas y Oaxaca, elementos socioculturales fundamentales no solo para el ejercicio del derecho a la libre determinación de las naciones originarias, sino también de protección internacional, particularmente por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sobre los cuales los gobiernos no pueden imponerse unilateralmente, si no es a través de una consulta previa, informada y de buena fe a los pueblos interesados.

Ante este escenario, se hace necesario efectuar acciones concretas, no tanto de políticas públicas, en la medida que no solamente existen necesidades indígenas por satisfacerse, sino que es necesario el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derechos, lo que puede ser logrado a partir de una interpretación progresiva de los derechos por parte de las legislaturas de los Estados, tal y como ya lo han establecido la Suprema de Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando que prevalecen en nuestra sociedad condiciones de colonización y explotación que hay que erradicar.

Las acciones que proponemos son transversales, en la medida que atraviesan pensamientos, practicas, instituciones o actividades legislativas. Dichas medidas, parten de hechos como que el presidente electo reciba y dialogue, en un marco de respeto y aprendizaje con los representantes legítimos de los pueblos.

Descolonizar las instituciones significa ir más allá de transformar la CDI en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas; descolonizar implica la creación de un organismo más apegado a la figura de una Fiscalía o una auditoría, un organismo autónomo, representativo, con facultades acusatorias, vinculantes y de auditoría institucional de programas y acciones de gobierno, y no solamente un organismo de implementación de políticas públicas o “recomendaciones” como los actuales organismos de derechos humanos, que se erigen como verdaderos “elefantes blancos” despilfarradores del presupuesto público.  

Descolonizar no solo es crear un programa universitario de estudios indígenas en alguna universidad pública; implica hacer reformas a la Ley General de Educación, las leyes orgánicas de la Secretaría de Educación Pública y de las universidades públicas y privadas que nos permitan en cada carrera universitaria, en cada posgrado, en cada mapa curricular, en cada trabajo de investigación, incluir estudios relacionados con los conocimientos indígenas y su situación actual de explotación y colonización.

Descolonizar, implica tipificar sin temor los delitos de racismo o discriminación, cometidos por servidores públicos y por particulares. Significa garantizar la representación indígena en una cuarta parte del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los Estados, siendo la vía plurinominal la idónea para ello. La libre determinación, basado en las ideas de la comunalidad, la interculturalidad o el socialismo, es la condición superior a que aspiran todos los pueblos indígenas como una forma de erradicar cualquier estado de colonización o indigenista.

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