La protección y el poderío
de los terratenientes

Anne Vigna Periodista  Traducción: Leandro Bonecini sociólogo del CPDA/UFRRJ

El presidente de Brasil, Michel Temer, enfrenta la segunda denuncia presentada por la Procuraduría General, esta vez por formación de banda criminal.

Una gran reunión ocurre todos los martes en un hermoso hospedaje de un barrio de alto nivel de Brasilia. “Es un almuerzo y el menú cambia cada semana”, explica el encargado de comunicación de la “bancada ruralista”, es decir el grupo de los agronegocios del Poder Legislativo. En el menú no están bocadillos o menú para degustación, sino temas que ese grupo de latifundistas del Parlamento discuten en una sala cerrada para luego llevar al Congreso o al Palacio de la Presidencia, Planalto.

“Es exactamente eso: ellos discuten con qué salsa van a devorar los derechos indígenas o la reforma agraria”, ironiza Alceu Castilho, responsable por el De Ojo en los Ruralistas, un observatorio de la industria agroalimentaria en Brasil. Desde la llegada de Michel Temer a la Presidencia en 2016, la bancada parlamentaria ganó una influencia inédita. ¿El mérito? Haber contribuido con la mitad de los votos del Congreso que destituyeron a la presidenta Dilma Rousseff. Confrontado con una impopularidad abisal (menos del 5% de los brasileños se dicen satisfechos con su gobierno), Temer no podría mantenerse en el poder sin el apoyo de los ruralistas. Y de hecho el presidente es invitado con frecuencia al almuerzo de los martes.

En estos dos años, “el presidente tiene nos ha atendido plenamente, eso es verdad. Pero todavía hay muchos obstáculos para superar”, evalúa João Henrique Hummel, director del Instituto Pensar Agro, anfitrión de esos almuerzos. Pensar Agro es un “think tank sin fines de lucro” que agrupa a las cuarenta principales organizaciones agrícolas en Brasil, todas también sin “fines de lucro”, resalta Hummel. El instituto financia las actividades del grupo parlamentario ruralista, elabora propuestas y analiza los proyectos de ley. Acerca de los “obstáculos”, Hummel recuerda “dos retrocedidas de Temer” en estos dos años. La primera vez que renunció a la directiva de abolir la calificación de “trabajo esclavo”, conforme a la reivindicación de los ruralistas. En nombre de esa cualificación, en 2017, el Ministerio de Trabajo liberó a 2264 trabajadores de 165 empresas que los mantenían en “condiciones análogas a la esclavitud”, especialmente en latifundios. La segunda vez fue cuando intentaron liberar la minería en una de las reservas amazónicas más importantes, la “Reserva Nacional de Cobre e Associados” (Renca). En ambas ocasiones, la presión internacional ha forzado el retroceso. Una lástima para los amigos de Hummel, que se consuelan en constatar que el presidente cumplió trece de los diecisiete “temas prioritarios” que pautaron en el Congreso.

Esta lista de “reclamaciones” comprende en primer lugar los obstáculos a la expansión territorial del agronegocio, en particular en la Amazonia. La palabra clave de los ruralistas en este campo es “flexibilización”: la de los análisis preliminares de las concesiones de exploración (sean de minería o agrícolas), pero también la obligación de realizar estudios de impacto ambiental.

También reclamaron una ley que permita a las empresas extranjeras adquirir tierras sin limitaciones -que, de hecho, se ha implementado - y desean que los “obstáculos históricos” a sus negocios sean suprimidos: los derechos indígenas y de comunidades quilombolas, además de la obligación por parte del Estado de emprender una reforma agraria ante la desigualdad de la propiedad de las tierras en Brasil. Victoria: no sólo el gobierno de Temer propuso una reforma constitucional para el cambio de las reglas de demarcación de tierras indígenas de comunidades quilombolas, sino que también amputó el presupuesto de dos organismos públicos esenciales, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) y la Fundación Nacional del Indio (Funai).

Indígenas de Brasil, inermes ante el lobby de la agroindustria. FOTO: Viacampesina

Desde su llegada a la presidencia, Temer suprimió el Ministerio de Desarrollo Rural, que aplicaba políticas favorables a los pequeños agricultores. Una nueva ley limita la reforma agraria y prevé la regularización de tierras adquiridas a un precio muy inferior a los vigentes en el mercado -práctica histórica entre los terratenientes. “Esa ley es una gran derrota para la democratización de la propiedad tierra”, resume Julianna Malerba, doctoranda en Planificación Urbana en la Universidad Federal del Río de Janeiro. “Cambia completamente las reglas y provoca una concentración aún mayor. Además, permite amnistías fiscales y reducciones de deudas a los terratenientes”, puntualiza.

Hace dos años, el ministro de Agricultura es “el mayor de los ruralistas”: Blairo Maggi, conocido en Brasil como “rey de la soya”, propietario del grupo Amaggi y el mayor productor mundial de la commodity, citado en los Panamá Papers por haber montado con el grupo Louis-Dreyfus una empresa súper rentable en las Islas Caimán. “Este gobierno suprimió toda la reglamentación ambiental para la agricultura, de semillas transgénicas a insecticidas”, explica Carlos Frederico Marés de Souza Filho, profesor de derecho agrario. “Y el marco legal ya era limitado. La ley permite, actualmente, el uso de plaguicidas prohibidos en su país de origen”.

Con 235 diputados de 513 en total, y 27 senadores de 81, la bancada ruralista es muy emprendedora. De su autoría están iniciativas que aumentarían la violencia en el campo si fueran aprobadas: un proyecto de ley legalizando la portación de armas por parte de productores rurales; otro que propone inscribir el MST y otros movimientos de trabajadores del campo en la lista de las “organizaciones terroristas” …

Los ruralistas también dirigieron dos Comisiones Parlamentarias de Investigación (CPI) sobre el Incra y la Funai. Estas comisiones piden que la justicia investigue a 96 personas (antropólogos, responsables de ONG nacionales e internacionales, fiscales, jueces etc.), acusadas por ellos de “fraudes en la demarcación y homologación de tierras indígenas”. “El Poder Judicial tiene una gran responsabilidad en los procesos de criminalización de los movimientos sociales”, se inquieta Layza Queiroz Santos, abogada del Comité Brasileño de Defensa de los Derechos Humanos. “Si la relación de fuerzas entre progresistas y conservadores no se equilibran en el Congreso que será elegido este año, la violencia en el campo va a recrudecer”.

Mientras el gobierno Temer se abre para los agronegocios, casi 4 millones de campesinos permanecen sin tierra en Brasil, en un territorio con 66 mil latifundios improductivos, que representan 175 millones de hectáreas (un área ligeramente inferior al territorio de México, 196 millones de hectáreas). “Esos números son estimados hacia abajo”, resalta Marés de Souza Filho. “Los criterios que miden la productividad son de 1975. Si la miseria de los campesinos no se toma en cuenta, los conflictos se van radicalizar”.

El número de brasileños que viven en estado de extrema pobreza aumentó en 11.2% entre 2016 y 2017, pasando de 13.34 millones a 14.83 millones de personas -sujetos que jamás participan del almuerzo de los martes.

Este texto fue publicado originalmente en Le Monde Diplomatique Brasil, en mayo de 2018.

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