El lodo tóxico de Samarco,
un crimen que se renueva

Movimiento de afectados por Represas de Brasil Traducción: Rosalinda Hidalgo

Pasados mas de 30 meses de la mayor tragedia socioambiental en Brasil, el poder judicial ha actuado de lado de las empresas que originaron el crimen, los gobiernos se dejan manipular y los afectados enfrentan la negligencia, el desprecio y la negación de sus derechos.

El crimen de Samarco se actualiza todos los días y sus efectos se multiplican. FOTOS: Mónica Montalvo

Los cerca de 60 millones de m3 de lodos tóxicos de las empresas mineras Vale y de Samarco (Vale y BHP Billiton) derramados en más de 620 km en las corrientes de agua del Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana y agencia del poblado de Linhares, en Espíritu Santo, todavía repercuten en la vida de cada uno de los afectados y provocan preocupaciones, pues se desconocen sus impactos para los pobladores de la cuenca del río Doce.

En Mariana las familias todavía esperan los reasentamientos de Bento Rodrigues y Paracatu de Baixo, que la empresa afirma que estarán listos para el 2020. En otras localidades de la zona de rural de Mariana, al menos 60 familias demandan reasentamiento rural por que no es posible vivir en una propiedad afectada por el lodo tóxico. La Fundación Renova, brazo político y publicitario de las empresas mineras, dificulta el avance para la reparación haciendo múltiples reuniones y visitas a la zona afectada que no llegan a nada.

En toda la cuenca, el proceso de indemnización está a cargo del Programa de Indemnización Mediado (PIM), mismo que ha sido controlado por las empresas mineras negando derechos imponiendo reglas fraudulentas: los afectados que vivían a un máximo de  mil metros del río Doce son indemnizados con 80,000 pesos mexicanos (16 mil reales); para comerciantes la indemnización fue de 6 mil pesos (1200 reales), y para los pescadores la indemnización fue de 800 reales, equivalentes a menos de 4000 pesos mexicanos. El PIM tiene clausulas ilegales que exigen la confidencialidad de la información y que obligan al afectado a no cobrar en daños futuros asignando un término de liquidación total.

Hay miles de familias que trabajaban en la zona, cuyos ingresos han disminuido por la presencia del lodo, pero esto no se reconoce en los procesos de registro conducidos de forma autoritaria y sin participación real de los afectados. Las propias empresas reconocen que son más de 13 000 pescadores en la cuenca y la mayoría de ellos no tienen acceso a la tarjeta de subsistencia, misma que no es suficiente para resolver ni los problemas de quien ya recibe esta indemnización.

Pasados 36 meses del crimen los problemas con el acceso al agua también se agudizan. Grandes y pequeñas ciudades como Naque, Periquito, Cachoeira Escura (distrito de Belo Oriente), Governador Valadares, Colantina y Linhares enfrentan problemas diarios con el abastecimiento de agua tratada del río Doce. La población no confía en la calidad de los tratamientos y los casos de problemas a la salud se multiplican frente a la inmovilidad y la negligencia del poder público y la negación de la minera Samarco, que intenta invisibilizar el tema. Ni uno de los 30 módulos temáticos del catastro de los afectados trata el tema.

El proceso de indemnización ha sido controlado por las empresas mineras, que niegan derechos e imponen reglas fraudulentas

Después de las denuncias presentadas por organizaciones de afectados, exámenes realizados por grupos independientes empiezan a señalar que el lodo es responsable de enfermedades y contaminaciones. En Barra Larga, los exámenes realizados por el Instituto Salud y Sostenibilidad en 11 personas demostraron la contaminación por níquel en el 100% de las muestras, además de presencia de Zinc y alteraciones significativas por la presencia de arsénico.

El cuerpo de acompañamiento médico presenta los mismos síntomas que aparecen en miles de personas afectadas por el lodo en el río Doce, lo que exige estudios profundos a largo plazo y acción permanente por parte del Estado, por medio del Sistema Único de Salud (SUS), para que las empresas paguen lo provocado por sus vertidos contaminantes, que además de afectar el medio ambiente y los recursos naturales han causado cambios bruscos y profundos en la vida de las familias y, por lo tanto, también son responsables de enfermedades físicas y psicológicas percibidas en toda la cuenca.
Mientras los afectados enfrentan este difícil escenario, las empresas Samarco, Vale y BHP Billinton encuentran facilidades en el Poder Judicial, como la acción penal paralizada en Vara Federal y Ponte Nova, cerrando acuerdos amistosos con el Tribunal de Justicia de Mina Gerais, incluyendo la contratación de pasantes pagados por Renova y la entrega de estructuras para el tribunal, al mismo tiempo que cancela miles de acciones judiciales legitimando el PIM e impidiendo el acceso a la justicia.

De la misma manera deben firmar un acuerdo con el Ministerio Público Federal y Estadual de MG en el ámbito de las acciones en la 12ª Vara Federal en Belo Horizonte que definirá la forma de “gobernanza” de la reparación. El modelo discutido hasta ahora significará un retroceso en la autonomía conquistada y la entrega completa para dominio de las empresas en la forma de decisión retirando la real posibilidad de participación popular.

Por estos y otros derechos violados no es posible decir que estamos en el post-rompimiento o post-tragedia. El crimen de Samarco se actualiza todos los días y sus efectos se multiplican mientras nuevos problemas son creados por la Fundación Renova, creada únicamente para violar derechos, destruir la autonomía y hacer el derecho mercantil. Contra este proyecto, solo queda la fuerza popular organizada y animada por la solidaridad, la esperanza y la lucha.

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