¿Qué se puede hacer en 2 años?
La crisis y los campesinos

Debora Lima

Hay muchos intelectuales y políticos convencidos de teorías sociológicas que afirman que muy poco se puede cambiar o hacer en tan solo dos años. Pero Brasil logró destruir en los 2 años pasados, desde que se quitó a la presidenta Dilma Rouseff, muchas conquistas sociales de décadas, logradas con luchas y sangre de indígenas, campesinos y afrodescendientes.

La violencia en el campo ha sido sistemática y avasalladora, desde el desmantelamiento de las políticas agrícolas y agrarias brasileñas –que, por supuesto, no empezó ahora– hasta asesinatos y masacres de campesinos, indígenas y afrodescendientes, representantes o no de movimientos sociales del campo. De acuerdo con el informe de Global Witnness del año 2017, Brasil es lo país más peligroso para defender los derechos de la tierra y la naturaleza: han ocurrido 448 asesinatos. La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), registró en 2017 más de 70 asesinatos –la cifra más alta desde 1985- y más de 105 mil familias afectadas por conflictos agrarios. Solo en el año de 2016 se registraron 1536 conflictos. Las zonas que más concentran conflictos son justamente las de expansión del agronegocio –en el bioma Cerrado (o savanas brasileñas) y la Amazonia, en el centro y norte del Brasil

En abril de 2017, el presidente Michael Temer (que actualmente tiene cerca de 90% de desaprobación popular) autorizó la acción de las fuerzas armadas contra manifestaciones. En ese mes, 29 policías mataron a 11 campesinos en el estado de Mato Grosso, bajo el mando de dueños de tierras y saqueadores de madera amazónica. En mayo, en Pará, nueve campesinos fueron asesinados. En Bahía, 6 líderes quilombolas (afrodescendientes) fueron asesinados en agosto. En Rondônia, 3 más. En el estado de Maranhão, 22 indígenas Gamela son torturados. Toda esta violencia con marcas de crueldad deja claro que el actual gobierno (patriarcal, blanco, elitista, conservador) no dejará espacios para manifestarse por una sociedad más justa, por un reparto agrario, por la diversidad de la naturaleza.

El ideal del Estado es el sistema latifundista, o sea, concentrador de tierras y de monocultivos para el abastecimiento del mercado mundial, priorizando los cultivos de commodities, eucalipto, soya y maíz transgénicos, carne y recursos minerales. Así, el gobierno celebró la mayor cosecha de soya transgénica de la historia brasileña y una de las mayores de mundo: 144 millones de toneladas en 33 millones de hectáreas sembradas en 2016/2017.

Se aumentaron las inversiones para las cosechas del calendario del agronegocio 2018/2019, totalizando cerca de 50 mil millones de dólares al paso que para los campesinos fueron mantenidos lo valores de la cosecha pasada: 7 mil millones para financiamiento de cosechas, con cortes en las políticas agrarias de apoyo (compras y regulación de la propiedad, habitación rural, créditos para mujeres y jóvenes, apoyo por compra directa de cosecha, etc.)  de cerca del 90%. Además, en 2017 y 2018 el presidente cambió la Ley 13.465, favoreciendo la reglamentación de tierras ocupadas irregularmente por hacenderos. Desde 2016 centenas de zonas campesinas y campesinos están siendo despojados por el gobierno, que ahora las regala al agronegocio (nacional o extranjero). No hay ninguna tierra indígena o quilombola reconocida en los pasados 2 años.

Desmantelados, seguimos por los campos y las calles gritando por los que se fueron. Seguimos, con o sin esperanza, en la crisis, política, económica, ambiental, civilizatoria, humana. En la política es fácil matar. Lo difícil es crear belleza.

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