Bosques con todos: agenda para
el desarrollo forestal sustentable

Leonardo Bastida

Calakmul, Ejido Nuevo Becal, Campeche FOTO: Bosques con todos / CCMSS

De los 21 millones de metros cúbicos de madera que se utilizan año con año en el país, 14 millones tiene un origen ilegal, y de éstos, sólo son recuperados por las autoridades alrededor de 30 mil, de acuerdo con datos del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (Susmai)  de la UNAM, grupo de investigadores que ha advertido sobre el impacto económico y social de la tala ilegal en las diferentes comunidades forestales del país, cuyo sustento depende, de manera directa, de la venta de las maderas obtenidas de los bosques a su cargo, explotados de manera sustentable y comunitaria.

A través de un diagnóstico, elaborado a propósito de la necesidad de establecer un agenda ambiental para los próximos años,  el Susmai refirió que los bosque, selvas y vegetación forestal de otros tipos abarcan el 60 por ciento del territorio mexicano, siendo el sustento de miles de personas, albergando diversidad biológica  y permitiendo la captura, provisión y calidad de agua, protección de suelos y hábitat para la biodiversidad.

Sin embargo, su aprovechamiento no es óptimo debido a factores como una reducida inversión en la generación de capacidades técnicas para el mejoramiento de la producción y rentabilidad de dichas zonas, la limitada investigación forestal, la inadecuada infraestructura de movilidad y la compleja regulación para el comercio de productos forestales, sumado a la inapertura por parte de las autoridades para involucrar a las comunidades en las decisiones en materia de manejo de bosques, y a que las dependencias como la Comisión Nacional Forestal solo otorgan subsidios pero no generan acciones múltiples e integrales que atiendan las problemáticas de desarrollo forestal y las comunidades.

Ante el panorama, comunidades, académicos, profesionales forestales, pueblos indígenas, sociedad civil e industriales emitieron el documento “Bosques con todos. Propuesta de una nueva política forestal” con la finalidad de que sea tomado en cuenta por la próxima administración, para reactivar la producción forestal sustentable, generar empleos permanentes y de calidad en el campo e insertar a la actividad forestal en la economía formal del país, para revertir el panorama actual, en el cual, quienes son propietarios de los recursos del bosque son pobres y padecen marginalidad.

La primera de las propuestas es la creación de un programa de planeación forestal a largo plazo que permita llevar a cabo una gestión forestal correcta, la cual requiere de entre seis y 20 años para el cumplimento de los ciclos naturales. Además de ser integral, ecosistémico, participativo, respetuoso de los derechos humanos de los pueblos indígenas y las comunidades locales y enfocado al uso múltiple y obtención de diferentes bienes, productos y servicios ambientales.

También propone incorporar la perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas, las cuales, deben estar ceñidas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Acuerdo de París y las reformas constitucionales en la materia.

El impulso al manejo forestal comunitario es otro de los aspectos destacados de la propuesta. Como parte de esta visión se debe promover la apropiación de los procesos productivos por parte de las comunidades, el reconocimiento del rezago para propiciar el desarrollo humano, la elaboración de un programa de manejo forestal sustentable, la apertura de oportunidades en el mercado, la simplificación de trámites y procesos para la gestión de bosques.

Talleres comunitarios en Oaxaca FOTO: Carlos Augusto Torres / CCMSS

La sustentabilidad es otro factor a tomar en cuenta. Para lograrlo, se considera necesario identificar y resolver las causas de la baja cosecha de madera y rediseñar los programas de plantaciones forestales con esquemas flexibles de financiamiento. Además del desarrollo de servicios turísticos y productos no maderables y la promoción de la producción maderera nacional de origen legal.

De igual manera, se hace un llamado a la inversión pública en dos rubros: manejo forestal sustentable comunitario y tecnología. En conjunto con una mejor organización de los pequeños propietarios y su capacitación para conformar empresas forestales comunitarias, el impulso de estímulos fiscales y subsidios, la modernización de sistemas de cosecha de productos forestales maderables y el desarrollo de investigación para promover el uso de especies de origen local con potencial de producción rentable.

En materia legal, se plantea que hay inconsistencias en la recién publicada Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Entre ellas, los procedimientos actuales, los cuales requieren de una simplificación. Sumado a la revisión y actualización de las normas oficiales vigentes y la implementación de un programa integral que cree la distinción “producto legal”, a fin de promover la producción y consumo de materias primas forestales provenientes de fuentes autorizadas.

La institucionalización del manejo de bosques requiere de una gestión participativa, un fortalecimiento regional y la descentralización de las gestiones, así como un fortalecimiento a la cultura forestal del país y el desarrollo de esquemas de certificación de profesionales en determinadas áreas de la actividad forestal.         

Por otra parte, se considera necesario cumplir la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, la cual establece que los bosques tienen un papel primordial al ser reservorios de carbono, por lo que se deben promover sistemas de captura de carbono, y, por ende, reconocer los derechos de carbono a favor de los propietarios de suelos forestales.

Y, recuperar y fortalecer los esquemas locales de producción y conocimiento tradicional, como lo establecen el Protocolo de Nagoya y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, e incrementar las acciones correspondientes al Convenio de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación referentes a la mitigación de la sequía y al aprovechamiento responsable de los recursos hídricos y la tierra.

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