Por el bien de todos,
primero la sustentabilidad

Lic. Andrés Manuel López Obrador

Presidente electo de México

Al menos durante cincuenta años millones de mexicanos esperamos este momento, que, aunque como dice Pablo Milanés, no es perfecto, se parece mucho a lo que simplemente soñamos.

Hace 25 años inicié mi vida profesional en la administración púbica y me he dedicado a apoyar procesos encaminados a lograr una verdadera transformación social, a través de la búsqueda de una apropiación social de los recursos naturales por los dueños del capital natural de nuestro país. Mi padre, luchador social, ya fallecido, me animó a aceptar un cargo público, ante mi reticencia: “podrás hacer mucho más por los pobres campesinos de México desde dentro; hazlo”, me dijo.

Como usted sabe, por su riqueza natural y cultural, México es considerado uno de los cinco países megadiversos del mundo, no obstante, la pérdida de su biodiversidad es alarmante; en algunas regiones como la selva Lacandona o la de Los Tuxtlas, en los pasados 30 años se ha reducido a menos de la mitad. Esta condición no solo deja a los campesinos, muchos de ellos indígenas, completamente vulnerables, cada vez más lejos de una vida digna y del arraigo a su terruño, sino que también aumenta el riesgo de cambio climático y debilita la base de su sustentación productiva y de aprovechamiento de los elementos naturales, lo que los empuja a la migración forzada, como peones o activos del crimen organizado.

El ahora director de la FAO para América Latina y el Caribe, Julio Berdegué, publicó junto con el investigador Héctor Robles Berlanga un informe que demuestra que el 94 % de los subsidios de los programas de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) están dirigidos a los grandes empresarios del campo, mientras los pequeños productores solo tienen posibilidad de acceder a uno, máximo dos programas, generando una desigualdad vergonzosa en el medio rural.   

Así también, hace 6 años la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) publicó un trabajo que demuestra que las zonas de más alta biodiversidad por su pluralidad en especies y ecosistemas, así como por su extensión, son las regiones más marginadas. El investigador Eckar Boege, ya había demostrado en un extraordinario libro, la misma correlación absurda en las regiones bioculturales de todo el país. 

Todo este corolario es para argumentar que la política del bienestar social debe sustentare en una estrategia económica productiva y de soporte ambiental aspiracional de largo aliento. Favorecer las bases de un desarrollo regional diferenciado por las condiciones naturales preferentes, amparado en las mejores prácticas sostenibles, se antoja como marco a una política integral territorial. Si el afán es dejar en manos de la nueva Secretaría del Bienestar Social la reforestación productiva, es necesario tener la seguridad de que esta sostenga una propuesta económica rentable y de mediano y largo plazo.

La soberanía alimentaria propuesta en la plataforma política de Morena debe considerar al menos tres características adicionales, a saber: conocimiento detallado de nuestros cultivares y parientes silvestres; reconocimiento, validación e instrumentación de prácticas productivas del conocimiento tradicional de pueblos originarios y poblaciones locales en todo el territorio nacional, e incorporación de la cultura alimentaria multidiversa de México. Por lo anterior, sería sustantivo que el CONACYT fuera la cuarta pata de la mesa de la sustentabilidad agrobiodiversa que requiere nuestro país. 

La conservación de nuestro capital natural no puede sostenerse en una estrategia importada de los parques nacionales estadounidenses o ingleses. Las áreas protegidas de este país complejo, con dueños y poseedores de la mayor parte de ese capital natural, deben ser el centro de una política de manejo y conservación administrada por ellos mismos y acompañada por el estado mexicano a través de la Comisión Nacional de Áreas protegidas (Conanp), pero con nuevas categorías, más incluyentes y no excluyentes de la administración de nuestro patrimonio natural. La experiencia de cientos de comunidades y ejidos, que el ecólogo Víctor Toledo ha documentado a lo largo y ancho del territorio nacional, demuestra que las prácticas colectivas de manejo y conservación de la riqueza natural con reglas y supervisión propias amparadas en los usos y costumbres y mecanismos de vigilancia y sanción local son mucho más eficientes y eficaces que las políticas punitivas del gobierno federal. En mi tesis doctoral, “Gobernanza de la Biodiversidad” arribo a esas mismas conclusiones.

La constitución de nuevas categorías de manejo de espacios naturales conservados como las reservas bioculturales, los corredores biológicos y la mayor participación activa de las comunidades en las decisiones de la política de áreas protegidas sería una buena señal para impulsar una innovadora conservación de nuestra riqueza natural con un verdadero rostro humano plural y colectivo. De ahí el título de este artículo. De lo contrario, condenaremos a los más pobres de este país, indígenas y campesinos de las regiones más ricas en biodiversidad, a nunca salir de la pobreza, a perder su capital natural y a depender del Estado en una política insostenible de subsidios perversos que perpetúan la pobreza rural.

Los bancos campesinos regionales serían la mesa para impulsar una política agropecuaria, forestal, pesquera y de manejo de la vida silvestre que con inversión pública y créditos justos potencien el consumo nacional, el desarrollo local y regional la exportación agroindustrial de productos de excelencia como la miel, el café y el cacao, entre otros, y entrelacen las ciudades con su entorno rural, favoreciendo a la vez los servicios ambientales que proveen a todos, para juntos hacer sustentable la historia en la cuarta transformación que usted afortunadamente encabeza. 

Pedro Álvarez-Icaza

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