Irregularidades por 3 mil 37 mdp
Las dos primeras secretarías estuvieron a cargo de Rosario Robles; la segunda fue dirigida por José Calzada Rovirosa
Viernes 14 de septiembre de 2018, p. 23
Las 17 denuncias que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó en relación con las auditorías practicadas a Sedesol, Sedatu y Sagarpa, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga y José Calzada Rovirosa, respectivamente, se encuentran en integración por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).
En su último informe de resultados, la ASF dio cuenta de temas relevantes fiscalizados. Así, se refirió a las acciones que derivaron de las auditorías que fueron practicadas a las cuentas públicas de 2013, 2014, 2015 y 2016.
Sobre las revisiones a contrataciones hechas por las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) –de las que Robles Berlanga fue titular–, así como la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), donde estuvo al frente Calzada Rovirosa, el órgano fiscalizador federal detalló que presentó 17 denuncias penales de hechos que involucran un monto de 3 mil 37 millones de pesos.
Una vez presentados estos recursos ante el Ministerio Público Federal, el rol del órgano fiscalizador es como coadyuvante.
En el texto se desglosa que, de la cuenta pública de 2013, la ASF presentó seis de las referidas denuncias; cuatro de ellas por convenios entre la Sedesol y la Universidad Autónoma de Morelos, y dos más por colaboración de esta dependencia con la Universidad Autónoma del Estado de México.
En la cuenta pública de 2014, la ASF presentó tres denuncias que se relacionan con un acuerdo entre la Sedesol y la Universidad Autónoma de Morelos.
Los ocho restantes se derivaron de la cuenta pública 2015, de las cuales seis se vinculan con contratos que la Sedesol estableció con diversas universidades públicas y dos más derivadas de contrataciones por parte de la Sagarpa con instituciones estatales de educación superior.
En el reporte, la ASF destaca que desde 2010 inició la fiscalización de contratos, tema que ha cobrado especial relevancia por ilustrar la comisión de irregularidades de manera recurrente bajo un esquema de dispersión de recursos
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El mecanismo detectado por la Auditoría Superior se refiere a que distintas dependencias y entidades de gobierno contrataron a otras instancias adscritas al sector público, destacando el caso de las universidades públicas, al amparo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Las entidades públicas proveedoras, a su vez, en la mayoría de los casos, subcontrataron 100 por ciento de los servicios a diversas empresas que no existen, su objeto social no tiene relación con la actividad para la que fueron contratadas o se constituyeron de manera repentina.
Por otro lado, la ASF ha informado que emitirá en octubre un informe integral sobre el trabajo de fiscalización realizado desde 2012 hasta la fecha sobre las contrataciones de entes de gobierno con universidades públicas.
