El próximo gobierno federal se comprometió a garantizar los recursos necesarios para que el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas siga operando e incluso se fortalezca.

Asimismo, trabajará en la política integral de protección y prevención a la labor y seguridad de los comunicadores, combatirá la impunidad de crímenes cometidos contra el gremio, impulsará mejores condiciones laborales y salariales en los medios y revisará la norma de publicidad oficial (la llamada ley chayote) para que haya piso parejo en la asignación de la propaganda gubernamental en medios.

Ayer, organizaciones en pro de la libertad de expresión; periodistas que han sufrido persecución, agresiones o desplazamiento, y defensores de derechos humanos se reunieron con Alfonso Durazo, Alejandro Encinas y Luisa María Alcalde, quienes serán secretario de Seguridad Pública, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y secretaria del Trabajo, respectivamente, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para exponer la situación de la libertad de expresión y los riesgos a los que se enfrentan los periodistas y presentar propuestas en el tema.

El encuentro privado formó parte de los foros para la pacificación convocados por el presidente electo. Se abordaron temas como procuración de justicia e impunidad, medidas de protección, condiciones y contexto de riesgo y responsabilidad de los medios de comunicación y fortalecimiento del mecanismo, ya que podría dejar de operar a finales de este mes por falta de recursos, dejando en riesgo a sus 702 beneficiarios.

También se habló de la corresponsabilidad con los gobiernos estatales y fortalecer la vinculación y trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno, y es que, se mencionó, en 80 por ciento de las violaciones y ataques contra comunicadores están implicados agentes del Estado; se expuso la necesidad de que las fiscalías sean más eficaces y que existan mejores condiciones laborales para el gremio.

Al finalizar el encuentro, en sendas entrevistas con medios de comunicación, Durazo y Encinas coincidieron en la necesidad de que el mecanismo de protección se mantenga y fortalezca, pues ha tenido una reducción presupuestal de casi 77 por ciento, al pasar de 279 millones 934 mil 117 pesos en 2016 a 64 millones 230 mil 588 este año.

Encinas indicó que si bien el próximo gobierno está en la línea de que el mecanismo continúe y se fortalezca, ahora es responsabilidad de la administración de Enrique Peña Nieto dotarlo de los recursos suficientes para terminar este año y los primeros tres meses de 2019.

Si bien merece reconocimientos por su desempeño, (el mecanismo) es una instancia que debe consolidarse, fortalecerse y eventualmente reforzarse con algunas modificaciones de carácter legislativo y administrativo que le permitan eficientar el trabajo de protección a periodistas y defensores, porque no obstante la existencia y vigencia del mismo, hay asesinados, aun cuando estaban recibiendo la protección, señaló Durazo.

Sobre la ley chayote, señalaron que la próxima administración federal transparentará el uso de los recursos para la publicidad oficial y que la entrega de ésta no se usará para presionar a los medios a publicar o ocultar cierta información. Habrá que revisar a fondo esa ley (aprobada recientemente), donde habrá un replanteamiento total. No se puede condicionar el uso de los recursos públicos en materia de comunicación social, enfatizó Encinas.