Por unanimidad, los integrantes de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalaron la constitucionalidad de la transferencia de las capitanías de puerto a la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), incluida en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y que subraya como la única autoridad marítima nacional a la institución naval.

Durante la sesión de ayer, los integrantes de la segunda sala aprobaron los proyectos presentados por los ministros Javier Laynez Potisek y Eduardo Medina Mora, en los cuales se analizaron cuatro juicios de amparo promovidos por la organización civil Orden de Capitanes y Pilotos Navales de la República Mexicana, Similares y Conexos, en los cuales se cuestionó la legalidad de la transferencia que realizó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Semar.

La organización civil y tres ciudadanos presentaron recursos de amparo en los que se solicitó la protección de la justicia federal para que se revirtiera la entrega de las capitanías de puerto a la Semar. Ese acto se realizaron el primero de julio de 2017.

Los quejosos señalaron en su demanda de amparo que era inconstitucional que el mando de las capitanías de puerto quedara bajo la autoridad de una institución castrense, porque ello colocaba al personal –civil– en una esfera que no les correspondía; sin embargo, la segunda sala determinó que no existen violaciones a sus derechos laborales y se debería mantener el esquema.

De igual manera, la Corte determinó que tampoco es ilegal la designación del vicealmirante Jorge Manuel Sáinz Zamorano como titular de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos.

Actualmente las facultades de la Semar –convertida en autoridad marítima nacional– cuenta con dos atribuciones que le garantizan cumplir con sus funciones y asumir las capitanías de puerto y los medios con que ejerce como guardia costera.

Las capitanías de puerto constituyen la autoridad en cada una de esas zonas existentes en el país, que dependerá de la Semar, con una jurisdicción territorial y marítima delimitada, indica la legislación respectiva.