Las expulsiones ordenadas por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o los directores de los diversos planteles de la institución no siempre son confirmadas por el Tribunal Universitario (TU), en gran medida porque dicho organismo no cuenta con procedimientos claros para evaluar los casos que se le presentan, ni están debidamente tipificadas las faltas y sanciones.

Así lo advirtió Alejandro Martínez, integrante de la asamblea de la Facultad de Derecho y de la Central de Estudiantes Universitarios, quien lamentó que el carácter ambiguo de dicho sistema haga que muchos estudiantes que sí cometieron alguna falta se libren de recibir un castigo, mientras otros que no realizaron ningún acto indebido sean sancionados.

El estudiante señaló que aunque el artículo 97 del Estatuto General de la UNAM explica cómo se castigan los actos contra la disciplina y el orden universitario, la norma es imprecisa al momento de analizar las posibles faltas y la manera en que deben ser castigadas.

Un miembro de la comunidad universitaria acusado de alguna falta tiene derecho a presentar pruebas en su favor y a que su testimonio sea escuchado, pero en los hechos, el Tribunal Universitario toma decisiones discrecionales al momento de valorar esas pruebas, y tampoco hay criterios objetivos sobre la gradación del castigo, que puede ir desde la amonestación, hasta la suspensión temporal o la expulsión definitiva.

La última palabra la tiene el presidente del TU

Asimismo, quien tiene la última palabra sobre la valoración del caso y la sanción que amerita recae en el presidente del TU, el cual goza de una relación muy cercana con el rector o los directores de planteles.

De acuerdo con el artículo 99 del mencionado Estatuto General de la Universidad Nacional, el TU está integrado por un presidente, que será el más antiguo de los profesores del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho; un vocal permanente (el investigador de mayor antigüedad del Consejo Interno del Instituto de Investigaciones Jurídicas), además de un vocal académico y un secretario, que será el abogado general de la UNAM.