El grupo parlamentario de Morena en el Senado presentó ayer una iniciativa de ley que plantea quitar al Poder Judicial y a la Procuraduría General de la República (PGR) los miles de millones de pesos producto de bienes asegurados o decomisados a narcotraficantes y otros integrantes de la delincuencia organizada y destinarlos a las secretarías de Salud, Educación y Bienestar, después de que se cumpla con la reparación del daño a las víctimas.

Es un cambio de timónz, con la finalidad de emplear esos recursos para la prevención social de la delincuencia, destacó en tribuna el senador José Luis Pech, quien presentó la iniciativa en nombre de la bancada de Morena.

Sostuvo que ello no vulnera la autonomía financiera del Poder Judicial de la Federación, cuyo presupuesto queda intacto, además de que cuentan con otros ingresos, entre ellos un fideicomiso de pensiones complementarias.

En la exposición de motivos de la reforma, elaborada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, se señala que se trata de recursos considerables. El Poder Judicial cuenta con un fondo de apoyo a la administración de justicia de casi 3 mil millones de pesos, la mayoría producto de bienes decomisados en procesos federales.

De acuerdo con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, de 2006 a 2011 el Consejo de la Judicatura Federal obtuvo cerca de 18 mil millones de pesos por bienes decomisados y la PGR 142 millones.

Se trata de cifras importantes que no deben quedar en las instituciones encargadas de sancionar a los delincuentes, sino canalizarse a las secretarías de Salud, Educación y Bienestar, con la finalidad de prevenir la delincuencia, principalmente entre los jóvenes, por medio del combate a la pobreza y las adicciones.

Durante la sesión, Morena propuso solicitar al Consejo de la Judicatura que informe al Senado cuáles son las acciones que ha llevado a cabo para detectar y combatir el nepotismo, las redes familiares y el conflicto de interés en el Poder Judicial, en razón de que, de acuerdo con diversas investigaciones, 51 por ciento de los titulares de los órganos jurisdiccionales tiene a un familiar laborando en el Poder Judicial.

En tanto, la senadora Olga Sánchez Cordero, de Morena, propuso varias reformas constitucionales con el propósito de garantizar que los hijos de padres mexicanos nacidos en el extranjero adquieran la nacionalidad mexicana sin ninguna limitante.

La próxima secretaria de Gobernación explicó que la fracción II del artículo 30 constitucional limita la adquisición de la nacionalidad mexicana a quienes nazcan en el extranjero y que sus padres sean mexicanos nacidos en territorio nacional. Esta limitante deja a connacionales en condición de apátridas, discriminados e impedidos de ejercer derechos como los de la educación y la salud.

En la sesión de ayer se presentaron 22 iniciativas, entre ellas una de la priísta Sylvana Betrones, quien propuso regularizar los casi 8 millones de autos ilegales, llamados chocolate, en la frontera.