Acompañada por organizaciones civiles y académicos, la bancada de Morena en el Senado hizo pública la iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, con la cual “se pretende superar la profunda crisis institucional y articular una transición en la que concurran todas las fuerzas políticas para fortalecer un nuevo papel del Estado en la procuración de justicia y de la seguridad pública y, al mismo tiempo, se empodera a la ciudadanía en los asuntos públicos y de decisión fundamental”, afirmó la ministra en retiro y legisladora, Olga Sánchez Cordero.

Santiago Nieto –quien también participó en la elaboración de la iniciativa–, ex fiscal para la Atención de Delitos Electorales e integrante del equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, explicó que a pesar de que existen disposiciones constitucionales que es importante que se revisen y se modifiquen: hay una necesidad urgente de que una persona encabece la Fiscalía General de la República. Agregó que con eso pueden darse las designaciones de las fiscalías especializadas establecidas por la Constitución y transformar el Sistema de Procuración de Justicia.

En realidad, señaló, el sistema procesal penal acusatorio no se ha mejorado de forma sustantiva, pese a la reforma constitucional de 2008 y de su entrada en vigor en todo el país en 2016. Aseguró que la Procuraduría General de la República no está diseñada para trabajar de acuerdo con los marcos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y, en general, con el sistema penal acusatorio.

Detalló que la iniciativa tiene como finalidad generar, en el marco de autonomía que establece la Constitución, un modelo que tenga un mejor desempeño para dar cuenta a la ciudadanía para acabar con los peores cánceres de la sociedad: la impunidad, la corrupción y la violencia.

El objetivo de esta propuesta, refirió, fue establecer la organización, funcionamiento y ejercicio de atribuciones de la Fiscalía General como un órgano constitucional de corte autónomo a cargo de las funciones de Ministerio Público de la Federación, como lo establece la Carta Magna, y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

La parte central es la modificación de la forma de investigar y ejercer la acción penal. En vez de estructuras orgánicas, lo que se plantea es una ley que tiene como finalidad mejorar la función fiscal. Las unidades de investigación y litigación deben desarrollar sus funciones de forma estratégica, para poder combatir la incidencia delictiva que se presenta en determinados lugares de la República Mexicana.

Sin dejar de reconocer que existen elementos de corte constitucional que es importante revisar, indicó que con el actual marco constitucional consideramos que este proyecto que se presenta permite el cumplimento de un mejor modelo perfeccionado de procuración de justicia, que ponga a los derechos humanos y a los ciudadanos en primer término y que combata de manera eficaz la corrupción, la impunidad y la violencia que se ha apoderado del país.

Por su parte, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo que es alarmante lo que sucede en el país en materia de seguridad, por eso los senadores de su grupo parlamentario y de la coalición, junto con la sociedad civil, académicos e intelectuales presentamos esta iniciativa.

Los representantes de las organizaciones civiles señalaron que la iniciativa no retoma todas las propuestas de los colectivos, es resultado de un genuino esfuerzo por acercar resultados de todos los actores y para colocar en el centro a las víctimas y a la ciudadanía.

Quedan pendientes reformas constitucionales a los artículos 21, 73, 76, 89, 102, 116 y 123 para rediseñar de mejor forma el esquema actual de la procuración de justicia en el país.

Se prevé que hoy se presente la iniciativa ante el pleno.