e nueva cuenta tiene lugar –esta vez en Chiapas– un fenómeno que desde 2009 parece inherente a toda contienda electoral mexicana: el de las llamadas Juanitas, candidatas nominales a puestos de elección popular que una vez obtenida su curul renuncian en favor de un integrante (varón) del partido que las postuló, y que era el verdadero destinatario del puesto ganado.
Frecuentemente considerado un caso más ligado a la picaresca partidaria que a la práctica política, y por ello erróneamente minimizado, el de estas sustituciones no sólo constituye una forma de defraudar la confianza de los electores (que emiten su voto por la persona que ocupa la candidatura titular en la correspondiente boleta) sino también una variante blanda
de violencia contra las mujeres, cuyos nombres figuran sólo para que los partidos cumplan la obligatoria cuota de género dispuesta por la legislación comicial.
La repetición periódica de las Juanitas se explica por la imposibilidad de las autoridades electorales de saber, a priori, cuándo una candidata es nominada con la intención de que en caso de ganar desempeñe su función, y cuándo se trata de una artimaña de su instituto partidario para posicionar en el puesto a un candidato del sexo masculino. Es decir, las Juanitas revelan su condición de tales una vez realizada la elección, cuando han accedido al cargo para el que estaban postuladas y cuando ya están facultadas para renunciar, por la causa que sea, en favor de quien aparece como su suplente, generalmente un hombre.
Las Juanitas no tienen partido favorito: en el caso de Chiapas, como en casi todos los anteriores, las hay del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde, de Nueva Alianza y hasta de un par de agrupaciones locales como Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas. De manera individual y en distintos días y horarios, una a una, a lo largo de la semana que concluye, casi una cuarentena de candidatas electas a alcaldesas, regidoras y diputadas pluri
desfilaron por las instalaciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) para reasignar sus cargos mayoritariamente en favor de sus esposos o hermanos.
Tomaron nota del hecho tanto agrupaciones feministas de la entidad como funcionarias de la Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación del propio IEPC, quienes exhortaron a las renunciantes a no ceder los puestos logrados en las urnas, porque ello equivaldría a renunciar a sus legítimos derechos, consagrados en disposiciones legales laboriosamente conseguidas. Pero también porque la participación femenina en la política y la consecuente obtención de cargos públicos para el género deben ir más allá de lo dispuesto por el Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres y los restantes ordenamientos legales, y convertirse en una práctica cotidiana y unánimemente aceptada.
Cabe observar, sin embargo, que en este caso en particular el nutrido número de candidatas renunciantes no puede desligarse de la situación política que prevalece en territorio chiapaneco, cuyas principales características son el desorden, la falta de controles y la persistencia de una gran variedad de demandas sociales que por espacio de años y mediante sucesivas administraciones han sido sistemáticamente desatendidas.
Pero sin duda la principal tarea pendiente corre por cuenta de los partidos políticos, que con muy pocas excepciones hacen gala de un evidente doble discurso: mientras en las cámaras se pronuncian por la igualdad política entre hombres y mujeres, y hablan en tono encendido de la equidad entre ambos, en el terreno de los hechos echan mano de triquiñuelas tan humillantes y discriminatorias como la de las Juanitas .
