El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó ayer una iniciativa de reforma con el propósito de eliminar el fuero constitucional a todos los funcionarios públicos, pero se conserva la inmunidad para no poner en peligro el funcionamiento de los poderes del país.

Asimismo, el pleno de la Cámara de Diputados sacó de la congeladora y votará el jueves 13 de septiembre una minuta del Senado acerca de la ley federal de remuneraciones de los servidores públicos, en la cual se plantea que ningún funcionario pueda ganar más que el presidente de la República, y se adiciona el Código Penal Federal con la finalidad de tipificar los excesos salariales como remuneración ilícita.

En tanto, el diputado Carol Antonio Altamirano (Morena) presentó una iniciativa de reforma constitucional para modificar el formato del Informe presidencial con el propósito de que una vez enviado a la Cámara de Diputados, en fecha posterior el titular del Ejecutivo en turno se presente a escuchar a los legisladores y responder las preguntas que éstos formulen.

En la cuarta transformación que vivirá México es indispensa-ble que el Presidente tenga el mandato constitucional para presentarse ante el Congreso, para que emita un mensaje a la sociedad y se abra un proceso en el que responda a las preguntas de todas las fuerzas políticas, indicó.

En tribuna, el diputado Pablo Gómez Álvarez explicó que mientras el fuero se convirtió en un privilegio indebido, la inmunidad es, en cambio, un mecanismo para preservar la continuidad de los poderes.

La reforma propuesta prevé que sólo puedan ser retirados del cargo cuando exista sentencia firme. En el caso del Presidente, la separación tendría que pasar por las cámaras del Congreso para que éstas decidan retirarle la inmunidad y cesar sus funciones.

Esta propuesta, que contiene una diferencia respecto del resto de los altos funcionarios, se debe a que es necesario cerrar el camino para impedir un golpe de Estado, que en esta hipótesis sería de origen judicial. En síntesis, el presidente de la República podría ser juzgado en un tribunal ordinario y sólo en el caso de que fuera sentenciado intervendría el Congreso, señala la iniciativa que se turnó a comisiones.

Se plantea reformar los artículos 38, 61, 74, 108, 111 y 112 de la Constitución, a partir de la amplia exigencia popular de terminar con los privilegios de funcionarios que se escudan en la inmunidad para no ser sujetos de procesos penales.

En la actualidad, la Constitución concede protección a los funcionarios para que no puedan ser detenidos o limitados en su libertad cuando se presente una acusación penal en su contra.

Así, se propone eliminar el fuero, pero no la inmunidad, porque ésta es condición del normal y libre funcionamiento de los poderes, y por ello plantea que los funcionarios puedan ser sujetos a proceso penal en libertad. Cuando el juez dicte sentencia condenatoria, ese mismo juez notificará a la Cámara de Diputados del Congreso que el servidor público ha perdido su inmunidad y el cargo que desempeñó, abunda.

El mismo procedimiento aplicaría para gobernadores, jefe de Gobierno de Ciudad de México, diputados locales y magistrados de los tribunales superiores de justicia por la comisión de delitos federales, sin que sea necesario que los congresos estatales se pronuncien al respecto.

Plantean limitar salarios

En cuanto a la minuta del Senado para definir el límite salarial, señala que se aplicará a toda persona que desempeñe un cargo o comisión en los poderes Legislativo, Judicial, los entes autónomos, los tribunales administrativos de la Federación, la Procuraduría General de la República, la Presidencia de la República, las dependencias federales y los organismos, empresas y fideicomisos del sector paraestatal.

La intención es que todos reciban una remuneración adecuada e irrenunciable, proporcional a sus responsabilidades, sin que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se consideren partidas extraordinarias para cubrir montos adicionales.

Además, que ninguno reciba un sueldo mayor que el Presidente o igual o mayor al de su superior jerárquico. Prevé que los salarios de altos funcionarios se determinen con tabuladores públicos, que exista la mayor transparencia y los montos sean difundidos vía Internet, al considerar que no se trata de información reservada.

MC propuso una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para eliminar la doble cobertura de salud que gozan los funcionarios, con su inscripción al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el seguro de gastos médicos mayores. En 2017, los seguros para atención privada costaron 3 mil 119 millones de pesos.