l lunes pasado un grupo de choque de los conocidos como porros agredió a estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco que se manifestaban de manera pacífica frente a la Torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria (CU), y entre cuyas demandas estaba precisamente la de contar con mayor seguridad en su plantel, escenario frecuente de desmanes delictivos. En el ataque, un alumno de la Escuela Nacional Preparatoria y otro de la Facultad de Filosofía y Letras fueron heridos de gravedad y otros sufrieron lesiones leves. La incursión porril tuvo todas las características de una misión organizada, con agresores de rostro cubierto y armados con tubos, cohetones y objetos incendiarios; sus integrantes llegaron a CU y se retiraron de allí sin que hubiera intervención del servicio de vigilancia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ni de la policía capitalina.
El condenable suceso fue la gota que derramó el vaso, después de una serie de homicidios, entre ellos feminicidios, ocurridos en CU y sus alrededores, tras el secuestro y asesinato de la estudiante Miranda Mendoza, adscrita al CCH Azcapotzalco. Ayer la UNAM se vio afectada por paros en la mayor parte de sus escuelas y facultades –que se extendieron a la Universidad Pedagógica Nacional, a la Escuela Nacional de Antropología e Historia y a otros centros de educación superior–, todos ellos con la demanda central de la expulsión de los grupos de porros que han operado en la máxima casa de estudios desde hace décadas y el restablecimiento de la seguridad en el campus. Ayer mismo, el rector Enrique Graue Wiechers emitió un mensaje en el que anunció la expulsión de 18 alumnos presuntamente involucrados en el ataque de la víspera y el proceso de identificación de los otros agresores, enumeró algunos de los grupos porriles que podrían estar implicados e informó que ya fueron presentadas las denuncias a la procuraduría, sin especificar si a la capitalina o a la General de la República, aunque desde el día de los hechos la primera dio a conocer que transferiría la investigación a la segunda.
Es claro que la inseguridad y la violencia que se enseñorea en la UNAM, si bien reflejo de los fenómenos correspondientes que afectan al país, ha llegado a un punto límite que demanda acciones contundentes y precisas, y éstas deben comenzar por el pleno esclarecimiento de la agresión del lunes y por la consignación ante los tribunales correspondientes de los presuntos responsables, tanto los materiales como los intelectuales. Este aspecto resulta crucial, porque todos los indicios disponibles indican que en esta y en otras acciones delictivas hubo premeditación, planificación y, posiblemente, complicidades.
Cabe preguntarse, por otra parte, quiénes podrían estar interesados en crear un conflicto de grandes dimensiones en la UNAM justo en vísperas de las conmemoraciones del terremoto del 19 de septiembre (un año), de la atrocidad del 26 de septiembre de 2014 en Iguala y del cincuentenario del movimiento estudiantil de 1968, y en momentos en que el país pasa por una transición histórica en sus máximas instancias de poder público.
Es obligado esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables, sea cual sea su posición, devolver la tranquilidad a CU y a los otros recintos de la UNAM y atacar en forma decisiva el fenómeno del porrismo, y ello debe hacerse con celeridad. La seguridad de los estudiantes, la tranquilidad del país y el mandato de la ley así lo demandan.
