Continúa el rechazo a las obras del Tren Interurbano Toluca-México y el puente La Venta por pueblos originarios de Cuajimalpa, que acusan a la Secretaría del Medio Ambiente capitalina (Sedema) de no sostener su autoridad ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), luego de confirmarse la ilegalidad de los trabajos de las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Obras y Servicios dentro del suelo de conservación de Ciudad de México para construir el viaducto elevado del citado transporte.

De acuerdo con un oficio del director de Gestión Forestal y de Suelos de la Semarnat, Augusto Mirafuentes Espinosa, la titular de la Sedema, Tanya Müller García, se abstuvo de dar el aval al cambio del uso de suelo forestal en 2.2 hectáreas de bosque en la Loma de Pachuquilla, El Contadero. Según otro oficio de la propia Müller García (28 de febrero de 2017), las obras perturbarían ecosistemas con alto valor ambiental. No se justifican los cortes de talud ni los cambios de uso de suelo boscoso que afectarán a mil 500 árboles y más de 20 especies de fauna, tres de ellas con categoría especial. No se considera que en ese sitio, de alta fragilidad ecológica, se prohíben la afectación de fauna y flora, la extracción de pastos, el desmonte, la construcción de caminos, brechas y redes de comunicación.

Territorios indígenas

Después de comprobar la Sedema que las obras violaban el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal, se reservó el derecho de emitir una opinión a los planes de la SCT, hasta que Semarnat emita la autorización de impacto ambiental. Los pobladores de Cuajimalpa afirman que Müller García también fue requerida por la Semarnat para aprobar cambios de uso de terrenos forestales en el suelo de conservación de la ciudad, y la funcionaria omitió hacerlo para los territorios indígenas de El Contadero, San Mateo Tlaltenango y San Lorenzo Acopilco.

Mirafuentes Espinosa la requirió en su calidad de presidenta del Consejo Forestal de CDMX para que dicho consejo asumiera una postura sobre el cambio de usos de suelo en más de 4.4 hectáreas de terreno forestal en suelo de conservación. El consejo solicitó que los cambios fueran evaluados por la Sedema, lo que no ocurrió. Dicho consejo se abstuvo de considerar dos de las cuatro solicitudes de SCT. El Código Penal define como delito ambiental la ocupación o invasión de el suelo de conservación de barrancas y áreas verdes.