Habitantes de la colonia El Verano, uno de los nueve asentamientos irregulares ubicados en el Ajusco medio en Tlalpan, pidieron a las autoridades electas del gobierno de Ciudad de México respetar los acuerdos alcanzados y reanudar la regularización de sus terrenos, que fueron incluidos como área natural protegida tras haberlos adquirido.

El temor es que con el cambio de administración los avances logrados en los trámites, que empezaron hace ocho años, ahora se pretenda comenzar de cero.

Destacaron que durante años fueron rehenes políticos, primero del PRI y después del PRD, que a cambio de votos les ofrecían darles certeza jurídica a sus propiedades, sin que se cumpliera ese compromiso hasta la fecha.

Felipe Ortiz, coordinador del comité ciudadano de la colonia, dijo que el proceso de regularización se encuentra detenido luego de que la Secretaría de Medio Ambiente local no aceptó que en lugar de pagar en efectivo por daños ambientales se realicen trabajos comunitarios, como ya se había planteado.

En la colonia nos quieren cobrar por predio entre 80 mil y 100 mil pesos por daños ambientales, pero ninguna familia tiene ingresos suficientes para pagar una cantidad así, por lo que se planteó, a cambio, participar en jornadas de reforestación y cuidado del área de valor ambiental y en nuestra propia comunidad.

Explicó que en 1989, durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, se hizo una expropiación de terrenos para crear el área natural protegida en la que se incluyó este asentamiento, al igual que otros como Primavera, Tlalmille, Paraje Tetenco y Actopan Sur, que ya eran reconocidos como colonias. Se vulneraron nuestros derechos porque la ley no puede ser retroactiva.

Aseguró que en El Verano, como en otros asentamientos similares que hoy se encuentran consolidados con todos los servicios urbanos, los habitantes no son paracaidistas, sino que compraron sus terrenos de buena fe y cuentan con los documentos correspondientes.

En 2010, en el programa de desarrollo urbano delegacional se autorizó el cambio de estatus de sus comunidades para contar con uso de suelo habitacional, pero ocho años después seguimos en la zozobra al no tener la certeza jurídica de que el predio que habitamos es nuestro.