El Congreso de la Ciudad de México tendrá que reformar en su primer periodo ordinario de sesiones la Ley de Participación Ciudadana que regula el derecho de los capitalinos a decidir el destino del presupuesto participativo, garantizado por la Constitución Política capitalina, luego de que por omisiones y contradicciones que contenía el decreto que expidió la Asamblea Legislativa, en su última sesión ordinaria el pasado 26 de abril, fue devuelto con observaciones del Ejecutivo local.

La ley debe definir los procedimientos para aplicar los mecanismos de participación ciudadana que establece el texto constitucional local: plebiscito, referendo, iniciativa ciudadana, consulta ciudadana, consulta popular, presupuesto participativo y revocación de mandato.

Entre las omisiones más significativas de la reforma que había aprobado la ALDF –a partir de un proyecto de la presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, Vania Roxana Ávila García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano– está que si bien invocaba en su índice la revocación de mandato, omitía desarrollarlo posteriormente en la norma.

En el caso de la iniciativa ciudadana, tampoco incluía el carácter de preferente para proyectos presentados al inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso local con 0.25 por ciento de firmas de capitalinos inscritos en la lista nominal de electores.

Y al instituir la figura de testigo social, que si bien la Constitución capitalina incorpora su participación obligatoria para atestiguar procesos de compras consolidadas de las alcaldía, se le asignaban facultades que invadían las que corresponden a los colaboradores ciudadanos de la Secretaría de la Contraloría. En el caso del presupuesto participativo –que hoy se definirá en consulta ciudadana el que corresponde al próximo año– la norma que ya no será publicada, acumulaba en un sólo apartado los preceptos referidos a esa figura, añadiendo un calendario para la ejecución de los proyectos elegidos por los capitalinos de 35 por ciento en el primer trimestre, 80 por ciento en el segundo y su conclusión antes del 30 noviembre, así como la aplicación de sanciones por parte de la Contraloría en caso de omisión.