El segundo tribunal colegiado en materias penal y administrativa del decimoséptimo circuito negó el juicio de amparo 696/2017 a César Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua, con el cual buscaba recuperar la posesión del rancho El Saucito y una oficina ubicada en la ciudad de Parral, propiedades decomisadas por la Fiscalía General del Estado (FGE).

La FGE fue notificada de la resolución, por lo que seguirá la requisa de las dos propiedades, vigente desde abril de 2017 con base en los primeros ordenamientos judiciales contra el prófugo ex mandatario estatal, como parte de la llamada Operación Justicia para Chihuahua.

El rancho El Saucito se ubica en el municipio de Balleza y el inmueble utilizado como oficina se localiza en las calles Tecolotes y San Patricio, en la colonia Esmeralda del municipio de Hidalgo del Parral.

Ambas propiedades fueron confiscadas para practicar en ellas diligencias judiciales, como peritajes en materia criminalística y valuación, con el propósito de que sirvan como garantía de reparación del daño al erario de Chihuahua que Duarte Jáquez habría cometido.

La administración que encabeza el actual gobernador Javier Corral Jurado presentó la Operación Justicia para Chihuahua como la más grande investigación penal contra la corrupción de la administración anterior, pero ha enfrentado a jueces locales y federales por la custodia de los acusados, además de que ha sido necesaria la intervención de tribunales colegiados y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El gobierno de Corral Jurado acusa a César Duarte del desvío de más de 6 mil millones de pesos de las arcas públicas estatales, hay 25 personas sometidas a proceso penal y el ex mandatario enfrenta 15 órdenes de aprehensión.

Por lo pronto, no se ha conseguido la reparación del daño patrimonial, pues sin la presentación de Duarte Jáquez ante los jueces –al momento se halla prófugo en Estados Unidos– no puede avanzar ningún proceso penal en su contra.

El ex gobernador pretendía, con el juicio de amparo 686/2017, recuperar dos propiedades que se le decomisaron, para aminorar las acciones procesales en su contra.