evidencia suficientede las irregularidades: ONG
Jueves 30 de agosto de 2018, p. 35
Luego de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de desechar el proyecto elaborado por el ministro Fernando Franco y ordenar a la ministra Margarita Luna Ramos preparar uno nuevo, el activista confió en que se trate de una cuestión procesal y no sobre la materia del caso.
Juan Rivera Dommarco, director del Instituto Nacional de Salud Pública y uno de los autores de la postura pública que emitieron académicos e investigadores de diversas instituciones del país, reiteró la necesidad de cambiar los mensajes sobre el contenido de azúcares, grasas y sal en alimentos procesados y bebidas.
Puntualizó que no es que sea malo
el sistema que se basa en las guías diarias de alimentación (GDA), sino que hay otras opciones para que en unos cuantos segundos los consumidores cuenten con la mejor información.
Calvillo destacó que los mensajes que aparecen en las etiquetas no cumplen los criterios nutrimentales señalados en la estrategia contra el sobrepeso, ya que se rebasan los límites máximos aceptables de consumo de azúcares añadidos.
A esto se suma que las etiquetas son incomprensibles para la mayoría de la población. Eso no está a discusión, pues también hay evidencia documental. Calvillo advirtió que el etiquetado es un tema de fundamental importancia para la salud pública del país, y lo que resuelva el máximo tribunal del país tiene que ver con restablecer el derecho de los mexicanos a la información y a la salud. No es un asunto menor si se toma en cuenta la epidemia de obesidad y diabetes que vive el país, entre otras razones por falta de información sobre lo que se come.
El activista recordó que El Poder del Consumidor, la Organización Mundial de la Salud y más recientemente académicos e investigadores se pronunciaron por el cambio del etiquetado. Pero tanto la Secretaría de Salud como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios han hecho caso omiso de estos planteamientos. Da la impresión de que esta última está cabildeando
para favorecer a la industria de alimentos y bebidas, subrayó Calvillo.