En el país hay sólo 45 inspectores de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para verificar alrededor de 500 mil concesiones y las descargas residuales de todo el país, por lo que 40 por ciento de las cuencas del país están contaminadas. Organizaciones en defensa del líquido –que realizaron ayer la tercera jornada de acción en defensa de este recurso frente a las oficinas del organismo en distintas ciudades– formularon éste y otros cuestionamientos.

Advirtieron que en la actual administración se recortó el presupuesto federal para obras locales de agua y saneamiento en 77 por ciento, para pasar de 14 mil 400 millones de pesos a 3 mil 400 este año.

A la vez, dijeron, se han destinado 50 mil millones de pesos en el Túnel Emisor Oriente, asignado sin licitación al Grupo Carso por un costo original de 9.5 mil millones. Con menos de esa cantidad se podrían haber profundizado los lagos del sur de la cuenca de México para almacenar y potabilizar sus lluvias, única fuente sustentable de agua a futuro.

Entre las organizaciones que se manifestaron están el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, la Central Campesina Cardenista, la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Animal, la coordinadora Agua para Todos, Mexicali Resiste y la Asamblea Social del Agua.

Detallaron que la Conagua concesionó las zonas federales que debe proteger para gasoductos e inmobiliarias a empresas petroleras y emitió lineamientos para autorizar el uso de aguas nacionales para la fractura hidráulica, a pesar de que este método pone en riesgo de contaminación y pérdida de funcionalidad natural el agua subterránea.

Además, saboteó la obligación del Congreso de la Unión, emanada del artículo 4 constitucional, de remplazar la actual norma por una ley general de aguas basada en los derechos humanos, la sustentabilidad, la equidad y la participación.

Las organizaciones realizaron mítines en Guadalajara, Puebla, Xalapa, la Ciudad de México, Baja California y San Cristóbal de las Casas, entre otras ciudades.

Estamos aquí, frente a la Conagua, para decir que esta dependencia está reprobada, que es urgente diseñar nuevas instituciones para la gobernanza del agua en las que participe la ciudadanía, prevalezcan los derechos humanos y se dé prioridad al bien público por encima de los intereses privados, a diferencia de lo que ha sido la gestión de esta dependencia hasta ahora, afirmaron.

También señalaron que desde 1989 la responsabilidad por el buen manejo de las aguas nacionales ha estado en manos de la Conagua, y la Auditoría Superior de la Federación ha señalado en diversas ocasiones fallas como eliminar en la Ley de Aguas Nacionales los derechos al recurso de los pueblos indígenas.

Indicaron que intentó convertir los derechos de los núcleos agrarios con concesiones caducables, además de que convirtió el líquido en objeto de compraventa y puso las obras hidráulicas en manos privadas. También utilizó las vedas como pretexto para no autorizar agua a pueblos y comunidades, mientras las violó libremente para entregar enormes concesiones a los intereses y para ofertar pozos por medio del Banco del Agua en Internet.