El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene un reto ante sí: que las violaciones a las garantías individuales dejen de ser una práctica sistemática de Estado con el fin de desarticular, desorganizar y controlar a la población, aseguró el director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha Malo.

En el foro Los derechos de las víctimas y los retos en materia de derechos humanos del nuevo gobierno, enfatizó que el compromiso de la próxima administración, de que será un cambio de régimen y no sólo de gobierno, no podrá concretarse sin una serie de políticas encaminadas a la defensa, promoción y respeto a las garantías fundamentales.

Del mismo modo, sostuvo, se deben prevenir violaciones a estos derechos y sancionar a todos aquellos que desde cualquier nivel de gobierno los hayan violentado.

En el foro, organizado por el Co-mité Cerezo, los participantes plan-tearon que la próxima administración federal impulse tres elementos ante la crisis de derechos humanos: una ley de amnistía para los presos políticos y de conciencia, no aplicable a quienes han violado garantías individuales; dos, creación de comisiones de la verdad para esclarecer hechos que hayan lastimado a la sociedad y como un punto de partida para la reconciliación y la paz, y tres, una ley general de protección a periodistas y activistas, que mejore la insuficiente norma federal en la materia.

Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red de Organismos Nacionales de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, señaló que el próximo gobierno debe reconocer la crisis del país en la materia.

Nos estamos acostumbrando a la violencia; no nos sorprende ya que cada mes sea más violento que el anterior, la sociedad está desprotegida, pero caso especial son los defensores de derechos humanos y los periodistas, quienes suman 161 asesinatos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, dijo.

Confió en que el gobierno de López Obrador presente un rompimiento con las políticas de Peña Nieto, de lo contrario seguirán la impunidad y la violencia. El no hacerlo representaría un golpe a los más de 30 millones de ciudadanos que le confiaron su voto.

Sobre la declaración del próximo mandatario federal de que se mantendrá a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, Ríos advirtió que los riesgos de violaciones a los derechos humanos seguirán.