La participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública debe acotarse y ser transitoria, expuso el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Entrevistado ayer tras participar en la inauguración del seminario Los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas frente a los proyectos de desarrollo, el ombudsman nacional subrayó que sería insensato que en este momento los militares y los marinos regresaran a sus cuarteles, pues en los dos sexenios ante-riores las autoridades evadieron la responsabilidad de capacitar a las corporaciones policiacas.

González Pérez fue interrogado sobre las afirmaciones que hizo la semana pasada el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien contrario a lo que aseguró en campaña –que tener a las fuerzas armadas en las calles no era la solución al problema de la inseguridad–, confirmó que los cuerpos castrenses se mantendrán en esas labores.

La posición de la CNDH es que esa participación esté acotada, que como se anunció, no de ahora sino desde hace muchos años, sea transitoria. Hemos dicho que sería insensato que se regresaran ahorita las fuerzas militares a los cuarteles, pero tiene que haber un plan programado, una hoja de ruta de retorno verificable, puntual; y en paralelo, la profesionalización real (de las policías) que no se ha dado en más de 12 años, y que es lo que mantiene a las fuerzas armadas en las calles.

Enfatizó que el plan para regresar a los elementos castrenses a sus cuarteles debe estar muy bien establecido, documentado.

Ahorita hay imposibilidad porque no se profesionalizó a los cuerpos policiales de las distintas entidades federativas. Creo que hay que tener un plan cierto, conocido por la población para que esta transitoriedad sea eso, transitoriedad y no permanencia.

Para el ombudsman nacional también debe haber una clara definición de la ley de seguridad interior, la cual, recordó, fue impugnada por el organismo a su cargo mediante una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta normativa, aprobada a finales del año pasado por el Congreso y publicada días después por el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, regula la permanencia de las fuerzas armadas en las acciones de seguridad.

Pensamos que (esa ley) tiene aspectos de inconstitucionalidad, ya que invade el federalismo al regular atribuciones que serían propias de las entidades federativas, y porque parte de los contenidos son de una ambigüedad que generan incertidumbre jurídica.