La compra y coacción del sufragio en el reciente proceso electoral podría haber llegado a 33.5 por ciento de los votantes (29.2 millones de personas), pero 15.5 millones rechazaron la oferta –de 500, mil 500 y hasta 10 mil pesos– y 9.1 millones sufragaron por alguien diferente, informó Alberto Serdán, de Democracia Sin Pobreza.

Al difundir los resultados de su informe del proceso electoral 2018 señaló que el gasto neto del gobierno federal aumentó de enero a junio 5 por ciento (134 mil 230 millones de pesos), cuyo rubro de materiales y suministros creció 36 por ciento.

Se trata, dijo, de bienes apreciados en época electoral, como comida y utensilios, materias primas, materiales de construcción, productos farmacéuticos, combustibles, ropa y artículos deportivos.

La población identificó que las coaliciones Todos por México (PRI, PVEM y Panal) y Por México al Frente (PAN, PRD y MC) fueron las que más dieron o prometieron algún regalo, dinero, servicio, favor o trabajo a cambio del voto.

Ante los presidentes del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, y del Sistema Anticorrupción, Mariclaire Acosta, así como del comisionado del Inai, Joel Salas, precisó que fueron 707 los reportes que la gente hizo en las 32 entidades. En 31 estados eran entregadas principalmente despensas y dinero en efectivo, donde el precio del voto fue de 500 pesos, mil, mil 500 y 10 mil pesos, como ocurrió en la sede nacional del PRI.

A 10 millones de mexicanos les ofrecieron despensas; a 3.6 millones dinero, a 2.6 millones materiales de construcción, a 2.7 millones gorras y playeras, a 600 mil una tarjeta con beneficios futuros, a otros 600 mil inscripción a programas sociales y a 500 mil becas o útiles escolares.

Sin embargo, el presidente del INE destacó que sólo se presentaron 20 quejas, por falta del principio de imparcialidad; 11 por compra y coacción del voto, y sólo 4 por uso político electoral de programas sociales; y anunció que a partir de enero la credencial de elector será requerida en todos los trámites bancarios.