Ciudad Juárez, Chih., Las familias de las 16 personas que fueron masacradas en Villas de Salvárcar el 30 de enero de 2010 cumplen con los requisitos que prevé la Ley General de Atención a Víctimas y las disposiciones locales para obtener la reparación integral del daño, pero no han tenido una resolución favorable de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAV).

Padres de las víctimas aseguraron que el crimen sigue impune, pues de entre 15 y 20 asesinos y sus vigías sólo han sido detenidas cuatro personas.

‘‘Es una injusticia. Ya pasaron más de ocho años. Éste debería ser un caso cerrado’’, dijo ayer Luz María Dávila, madre de Marcos y José Luis Piña Dávila, víctimas de la matanza junto con otras 14 personas, la mayoría estudiantes. Dávila recordó que los hoy ex gobernadores José Reyes Baeza y César Duarte, así como el actual, Javier Corral, incumplieron sus promesas de apoyo a las familias de las víctimas.

La CEAV debe determinar si procede dar a parientes de las víctimas asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, una compensación económica, lo que no ha hecho. Luz María Dávila consideró ofensiva la falta de respuesta de las autoridades.

Otros padres recordaron que hijos y viudas de víctimas de la matanza, que dejó además nueve lesionados con arma de fuego, no han sido indemnizados según la Ley General de Víctimas vigente desde el 30 de mayo de 2012, que prevé términos para la reparación integral del daños, de conformidad con criterios sustentados por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

En un documento enviado a funcionarios federales, entre ellos el presidente Enrique Peña Nieto, personas afectadas por la matanza en Villas de Salvárcar demandaron al gobierno federal un millón de pesos por cada persona asesinada. Los afectados dijeron ser ‘‘víctimas del delito en los términos del artículo 20 constitucional apartado C. Por lo tanto, somos derechohabientes de las garantías jurídicas contenidas en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos correlativos a dicho precepto’’.