hora que soplan vientos de cambio en el país, los cuales adquirirán toda su fuerza a partir del primero de diciembre, cuando entre en funciones el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sería deseable que entre los programas guber-namentales que serán sometidos a meticulosa revisión se incluyera el de la distribución masiva de fertilizante subsidiado entre los agricultores de Guerrero.

Este programa fue creado por el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer como un recurso para retener para su partido, el Revolucionario Institucional, el voto verde, el de los campesinos, que en las postrimerías del siglo pasado era el único que le quedaba al partido tricolor, pues el sufragio de las capas más educadas de la población había ido migrando gradualmente hacia otras opciones, de manera notoria hacia la izquierda, entonces representada por el Partido de la Revolución Democrática.

A lo largo de los más de 25 años transcurridos desde entonces, el programa de fertilizante subsidiado ha perdido el sello de aquel gobernante priísta y ha sido asumido por los campesinos de Guerrero como un derecho. Y a ningún gobernante, de izquierda o de derecha, se le ha ocurrido siquiera tratar de echarlo atrás, como que bien saben cuán hondo ha calado en el pensamiento rural.

Pero el programa enfrenta problemas, dos de los cuales son particularmente preocupantes: uno se refiere al aprovechamiento que grupos delictivos hacen del insumo; tienen infiltrados los padrones de beneficiarios y, tras hacer-se del compuesto lo canalizan hacia cultivos ilícitos, y el otro tiene que ver con el insumo mismo, pues siendo de origen químico daña los suelos cultivables del estado, que a la larga dejarán de rendir lo que has-ta ahora.

Ya el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo hizo un esfuerzo para limitar los efectos perniciosos de las sustancias químicas que desde hace 25 años se diseminan con profusión por todo el estado gracias a este programa. Pero, como es usual, su sucesor echó al bote de la basura ese y muchos otros esfuerzos.