Querétaro, Qro., Diputados locales dieron autorización al gobierno estatal para que instale y opere un parque industrial en 103 hectáreas en terrenos que ocupa el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ).

Un decreto anterior permitía que el parque industrial fuera operado por el Ejecutivo estatal y el empresario Manuel Barreiro Castañeda –relacionado con el ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya en una transacción inmobiliaria irregular– por medio de la empresa desarrolladora Advance Real Estate 2, convenio que el nuevo dictamen modifica.

El 16 de junio de 2017 se publicó en el periódico oficial, La Sombra de Arteaga, el decreto con el cual el Congreso local autorizó al Ejecutivo estatal a suscribir un acuerdo con Advance Real Estate 2 para que de manera diseñaran, construyeran, desarrollaran y operaran un parque industrial en 103 hectáreas propiedad del gobierno estatal en del AIQ.

En el proyecto ejecutivo se destacaba que habría 805 mil metros cuadrados para la instalación de industrias y que se crearía un fideicomiso al cual el estado aportaría un predio de su propiedad y conservaría la propiedad del terreno, mientras la empresa se encargaría del desarrollo inmobiliario.

En febrero pasado, en medio de un escándalo por presunto lavado de dinero en el que Manuel Barreiro habría incurrido utilizando sus empresas, asunto vinculado con Anaya Cortés, el gobernador Francisco Domínguez Servién anunció que abriría una convocatoria para licitar la construcción del parque.

Este jueves diputados locales aprobaron el dictamen que presentó la Comisión de Hacienda, el cual modificó el decreto de junio de 2017 para autorizar al Ejecutivo estatal a ‘‘suscribir todos los instrumentos necesarios para la instalación y operación de un parque industrial en el perímetro del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro’’.

En el nuevo dictamen se indica que el pasado 30 de abril ‘‘la empresa desarrolladora’’ (Advance Real Estate 2) se comunicó con la Secretaría de Desarrollo Sustentable para terminar su compromiso, señalado en el primer acuerdo, por su ‘‘imposibilidad para continuar con el desarrollo del proyecto’’.

Como el Ejecutivo estatal tiene la intención de continuar con la obra, los legisladores aprobaron que suscribiera el contrato de fideicomiso y los demás instrumentos legales para realizar el proyecto sin relación con Barreiro Castañeda.