ienten quienes digan que México es un país pobre; está lleno de pobres, que es distinto. El problema es que la gran riqueza nacional está concentrada hasta la ignominia, y quien la posee sólo piensa en su beneficio, no en el de la nación que le ha permitido acumular fortuna de cuento de hadas.

Muestra de ello es la información publicada ayer por La Jornada (Roberto González Amador), que en su parte medular denuncia que una cuarta parte de los recursos que empresas mexicanas transfieren al exterior bajo la figura de inversión extranjera directa (IED) en realidad va a parar a paraísos fiscales. Enviar los fondos a esos destinos supone más oportunidades de elusión y evasión fiscal. La afirmación fue hecha por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y atañe no sólo a compañías.

Además, mexicanos han transferido a paraísos fiscales parte de su patrimonio en un monto que, sumado, equivale a 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, alrededor de un billón 700 mil millones de pesos. La cantidad, en términos comparativos, equivale a dos veces y medio el gasto en salud y supera al monto de recursos que los sectores público y privado destinan a la educación, que es de 5.4 por ciento del PIB. Alrededor de 25 por ciento de la IED de origen mexicano (lo que invierten las compañías nacionales en otros países) se canaliza mediante sociedades ficticias radicadas en paraísos fiscales.

Sin impedimento alguno –de hecho, con la complicidad gubernamental–, los recursos generados internamente y que deberían utilizarse para impulsar el desarrollo nacional terminan en paraísos fiscales, lo que da puntual cuenta del gran compromiso de los barones autóctonos con el país que les ha permitido acumular fortunas impresionantes.

Cada año los barones se organizan pomposas reuniones con el inquilino en turno de Los Pinos para presumir inversiones históricas, por mucho que en realidad la evasión fiscal y los dineros comprometidos alimentan la salida de capitales y su resguardo en paraísos financieros.

Como bien lo ha documentado el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, entre 2000 y 2009 el crecimiento de la inversión privada fue solamente de 2.6 por ciento como promedio anual. La crisis de 2009, la competencia china y el agotamiento del modelo maquilador provocaron que la inversión perdiera fuerza. Si bien existió recuperación entre 2010 y 2012, cuando el promedio de incremento de la inversión privada se elevó a 7 por ciento, también debe recordarse que ello ocurrió al mismo tiempo que la parte pública disminuía 5.7 por ciento. Entonces, se requiere una nueva estrategia de política económica, pues la aplicada en los pasados 35 años no es suficiente. De ese tamaño es la coyuntura.

Sin inversión no hay crecimiento, subraya el citado instituto, y es claro que durante los pasados 35 años la parte pública dejó de cumplir su parte. Ello dejó la responsabilidad en la parte privada. El problema es que el entorno macroeconómico no ha sido propicio para fomentarla. Entre 1980 y 1989 la inversión privada no creció en términos reales. Si bien se recuperó en los 90, la primera década del nuevo milenio mostró que ello no era sustentable.

Las cifras son contundentes: entre 1980 y 1989 la inversión pública disminuyó a la mitad en términos reales. De 1993 a 2015 creció a una tasa promedio negativa de –0.1 por ciento. Hoy se invierte no sólo menos que en 1993, sino la mitad de lo que se realizaba en 1980.

Pero, mientras el desarrollo se mantiene prófugo y la pobreza al alza, ¿qué tal han crecido las cuentas en paraísos fiscales?

Las rebanadas del pastel

Alumno destacado de Sísifo, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, asegura que en horas o días Estados Unidos y México dejarán planchada la modernización del TLCAN. Ajá: el funcionario acumula un año diciendo lo mismo.

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