La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició el análisis de varias impugnaciones promovidas por la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como por los partidos Morena y Nueva Alianza, contra diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Tras un año que la SCJN resolvió el primer paquete de impugnaciones en materia electoral, los ministros comenzaron la segunda etapa, en la que resolverán, entre otras cosas, si la Ciudad de México puede ampliar derechos humanos y reconocer derechos nuevos.

El proyecto de sentencia del ministro Javier Laynez Potisek propone que, contrario a lo que dice la PGR de que la Ciudad de México no podía ampliar derechos humanos y reconocer derechos nuevos, la Constitución capitalina sí puede ampliarlos.

Asimismo, propone que la Carta Magna local sí puede señalar que se permitirá el uso médico de la mariguana, ya que aclara que será conforme a la legislación federal.

Respecto de si se violaron facultades exclusivas de la Federación en materia de migración, tratados internacionales, materia laboral, ciencia y tecnología, agua, justicia cívica y revocación del mandato, entre otros puntos, el proyecto refiere que la Constitución de la Ciudad de México interfiere en esas facultades.

Hasta el momento, los ministros Norma Lucía Piña Hernández, José Ramón Cossío y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena han fijado su postura en favor del proyecto. La discusión continuará para analizar las 66 normas de la Constitución capitalina que fueron impugnadas.

En su intervención, el ministro Laynez Potisek comentó que reconocer nuevos derechos en una norma secundaria de carácter general no constituye una alteración del parámetro de regularidad constitucional.

Por otra parte, el ministro Ortiz Mena indicó que sería una buena oportunidad para aclarar la postura de la Corte y un parteaguas con algunos precedentes de este tribunal pleno en la materia.

En el proyecto se prevé declarar inconstitucional que el Consejo de la Judicatura local no se integre con una mayoría de miembros provenientes del Poder Judicial; también se declararía inconstitucional que se faculte al Congreso local para legislar en relación con los procedimientos internos de los sindicatos, ya que eso es exclusivo del Congreso de la Unión.