a semana pasada, el diario Boston Globe hizo un llamado a los diarios estadunidenses a manifestarse en contra del presidente Donald Trump por sus ataques a los medios de comunicación, en especial a la prensa escrita. La respuesta fue inmediata: 350 diarios de todo el país criticaron severamente al mandatario por su actitud disuasiva y peligrosa en contra de la libertad de prensa. Con esta conducta, el presidente ha puesto en peligro a los periodistas que reportan sus actividades y a quienes desde las páginas editoriales lo critican, convirtiéndolos en blanco de vengadores anónimos que interpretan sus reiteradas críticas a la prensa como llamado a agredir a quienes él califica como los autores de noticias falsas (fake news). Dicha actitud no es muy diferente a la que demostró cuando justificó las manifestaciones de los supremacistas blancos y protofascistas el año pasado.

Por la importancia del tema, algunos diarios en otros países secundaron el llamado de la prensa estadunidense. En México, La Jornada publicó un extenso editorial en el que condenó la actitud del presidente Trump y aplaudió la unidad mostrada por los medios estadunidenses en momentos en que se cuestiona abiertamente el valor de la prensa libre. Cabe recordar que en Estados Unidos la libertad de expresión, consagrada en la primera enmienda constitucional, históricamente ha sido el bastión que ampara a la prensa para ejercer su derecho a disentir sobre los asuntos públicos y privados.

Como en toda actividad en la que se critican las decisiones de los gobiernos y de los particulares, la de la prensa suele caer en excesos, imprecisiones y juicios erróneos. Sin embargo, hay que entender que esto es parte de un proceso democrático que por naturaleza es imperfecto y suele no ser del agrado de todos los actores que participan en él. El editorial del periódico New York Times recuerda que en 1787, año en que se promulgó la Constitución de Estados Unidos, quienes la redactaron consideraron que un público bien informado está mejor preparado para combatir la corrupción y con el tiempo para promover la libertad y la justicia. (NYT/ 16/8/18).

Más recientemente, la Suprema Corte emitió una opinión en la que acertó a decir que la discusión pública es una obligación política y debe ser desinhibida, abierta, así como en ocasiones vehemente y cáustica en sus ataques al gobierno y a los oficiales públicos. Hay que recordar que en México el Constituyente de 1917 también consideró como tema de primer orden la importancia de proteger la libertad de expresión y en consecuencia plasmó en los artículos sexto y séptimo de la Carta Magna la libre manifestación de las ideas y la libertad para expresarlas en la prensa.

Entre los fantasmas que Trump pretende combatir, en su obsesión por culpar a los medios de sus propios traspiés, está su enraizada creencia de que existe un Estado profundo, cuya pretensión es obstaculizar el trabajo que realiza lanzando acusaciones falsas en su contra.

Al parecer, su paranoia tiene base en la ficción que sobre imaginarias conspiraciones se dramatizan en algunas series de televisión, principal fuente de información e inspiración del presidente. Además de la prensa, en sus delirios, también ha acusado a varios integrantes de los cuerpos de inteligencia de sediciosos y desleales. Frente a estos delirantes señalamientos, un centenar de destacadas figuras de los círculos de inteligencia y no pocos legisladores han reaccionado declarando que con esa actitud pareciera que el presidente pretende silenciarlos para evitar que se hagan públicas sus relaciones prelectorales con Rusia. Tal vez lo que causa más asombro e inquietud, según no pocos analistas del devenir político de Estados Unidos, es la persistencia en la popularidad del mandatario.

Muchos de ellos esperan que en las elecciones de noviembre se despeje la incertidumbre que existe sobre la forma en que el efecto Donald Trump se manifestará en el electorado.