Zacatecas, Zac.

Campesinos del ejido Santiaguillo, municipio de Fresnillo, inconformes con el pago de 4 mil 200 pesos a cada ejidatario por un contrato de derecho de paso durante 30 años, mantienen bloqueada la construcción de un ducto para gas natural que va de El Encino, Aguascalientes, a La Laguna, en Torreón, Coahuila, y cruza Zacatecas.

Los ejidatarios aseguran que autoridades ejidales recibieron sobornos de representantes de cuatro empresas asociadas en este proyecto: las mexicanas Grupo Desarrollo Infraestructura (GDI), Fermaca y su filial Bienes Raíces y Construcción (Brycsa), la italiana Sicim Pipeline y Mex Gas International, filial de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB).

La instalación del gasoducto de 48 pulgadas de diámetro y 450 kilómetros de longitud está detenida desde el 8 de abril pasado justo donde inicia el ejido Santiaguillo, en el centro de Zacatecas. Con esta obra se pretende conducir mil millones de pies cúbicos de gas al día.

Los ejidatarios denunciaron que nunca se realizó una asamblea para decidir sobre el paso del gasoducto y acusaron a las autoridades ejidales, encabezadas por José Guzmán, presidente del comisariado, de haber recibido dádivas de los promotores del proyecto.

Aseguran que si no hay una asamblea en la cual la mayoría de los labriegos apruebe que se firme un contrato de renta de sus tierras por un millón 500 mil pesos para cada uno de los 154 integrantes del ejido, ‘‘el gasoducto tendrá que pasar por otro lado’’.

División e inconformidad

La comunidad de Santiaguillo se ubica 52 kilómetros al norte de la capital del estado. La mayoría de los ejidatarios acusan a los integrantes de la mesa directiva del ejido, que concluyó funciones a finales de julio pasado, de recibir 930 mil pesos de las empresas que construirán el gasoducto a cambio de la firma de un contrato de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso.

Señalan que José Guzmán entregó a cada uno de los 154 ejidatarios 4 mil 200 pesos, para un total de 646 mil 800. Los 283 mil 200 restantes, aseguran, se los habrían repartido los integrantes de la mesa directiva. Sin embargo, ese pago no fue para autorizar el paso del gasoducto, sino sólo para que acudieran a una asamblea ‘‘informativa’’.

Ante representantes de las empresas se pidió a los ejidatarios que firmaran una ‘‘lista de asistencia’’ que fue usada indebidamente como autorización para desmontar una franja de 30 metros de ancho que cruza sus tierras de siembra y agostaderos, expresan los campesinos.

Con menos de un mes como presidente del comisariado ejidal de Santiaguillo, José Manuel Soriano, dijo estar interesado en aclarar las irregularidades en el proyecto, pero cuando se le pidió su versión sobre el conflicto aseguró que sólo ‘‘falta afinar unos detallitos’’.

–¿Ha habido pagos?

–Al inicio hubo un pago de 4 mil 200 pesos por ejidatario, y somos 154. El proyecto está detenido, pero no sabemos por qué. Sería cuestión de que la empresa demuestre que tiene en regla sus permisos ante las dependencias correspondientes y otros documentos– respondió.

Sobre la queja de los ejidatarios acerca de que han sido arrasados miles de ejemplares de mezquite, yuca, huizache, nopal, biznaga y agaves, entre otras especies, para colocar el ducto de acero, expuso: ‘‘Sí está un poco destruido. Nos habían notificado que (la franja para colocar el ducto) era de 30 metros para construcción y al final iba a quedar en 12 metros. Eso se dijo y es lo que sabemos desde un principio’’.

Los opositores denunciaron que los trabajadores de las empresas ‘‘se metieron a desmontar sin autorización. Fuimos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a otra dependencia para ver si tenían los permisos, y no los hay’’, explicó Esteban Valle Ramírez.

‘‘Parece que los comisarios ejidales se aliaron y autorizaron ese trabajo, pero no contaban con los ejidatarios, porque el terreno no es de ellos para que lo donen.

‘‘Como nos dieron unos centavos, la compañía dice que tiene permiso, pero no es así, porque mientras 70 más uno de los ejidatarios no firmen en asamblea no tienen autorización para meterse aquí.’’

Otra ejidataria, Cástula González Ramírez, también delegada municipal de Santiaguillo, cuestionó: ‘‘¿Usted cree que por 4 mil pesos yo me voy a meter a una propiedad sin papeles y sin nada?’’.

Retó a los empresarios a que ‘‘presenten sus papeles (contratos), porque los comisarios ejidales no se mandan solos. Debieron haber hecho una asamblea con todos los ejidatarios a ver si estábamos de acuerdo. El día que vinieron trajeron un notario, pero se salió de la reunión, ya no quiso nada con nosotros porque nos vio enojados.

‘‘Nosotros ese día firmamos la asistencia a la asamblea. Fue todo. Esos 4 mil pesos sí nos los dieron, pero ¿cómo vamos a firmar que nos hagan todos estos desastres por 4 mil pesos? No se vale.’’

Sobre la vegetación desmontada en la región, la delegada municipal sostuvo que ‘‘nomás debieron haber limpiado el pedacito por donde va el tubo. Tumbaron bastante nopal. ¡Si yo me pongo a desmontar media hectárea o una hectárea en mis tierras viene el gobierno federal y me friega! ¿Por qué ahora no?’’

En los tres meses recientes los inconformes han acudido a la Semarnat, a la Comisión Nacional del Agua, al Registro Agrario Nacional y a otras dependencias federales para exigir copias de los permisos de desmonte y la manifestación de impacto ambiental de la obra, pero les han asegurado que no existen dichos permisos.

Faustino Adame Ortiz, ejidatario y abogado que encabeza a los inconformes, señaló que las empresas involucradas en el gasoducto ‘‘hicieron acuerdos con los comisarios ejidales en lo oscurito, no en asambleas abiertas.

“Ahora quieren hacer creer que esos 4 mil 200 pesos son el pago por el derecho de paso por 30 años, y que se puede renegociar pasando ese periodo. No estamos de acuerdo con eso. Que se haga un contrato de arrendamiento, ante notario público. No se va a vender la tierra. Nada más es arrendamiento’’, concluyó.