Para posicionar a Petróleos Mexicanos (Pemex) como el eje estructurador del sector energético y que pueda competir con piso parejo contra las empresas privadas se requieren cambios de tipo administrativo, reformas en leyes secundarias y modificaciones a su gobierno corporativo que resten en sus decisiones el peso fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), consideró Fluvio César Ruiz Alarcón, ex consejero profesional de la empresa productiva del Estado.

Consideró que las ambigüedades legales que hay actualmente para Pemex, condiciones que le dicta la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), que van más allá de la reforma energética, la carga fiscal impuesta por la SHCP, así como la obligación que tiene de generar valor, pero al mismo tiempo atender una función social, han contribuido a que la empresa no se recupere.

Pemex primero debe estabilizar la producción y es fundamental incrementar el esfuerzo exploratorio, pero para ello debe darle prioridad a la jerarquía y transformación de proyectos, amén de que a mediano y largo plazos debe convertirse en una verdadera empresa con autonomía de gestión y presupuestal, de tal suerte que las inversiones que haga estén en función de la industria petrolera y no de las necesidades financieras del Estado mexicano, puntualizó Ruiz Alarcón.

Entrevistado sobre los retos que enfrenta Pemex, indicó que primero debe definirse claramente qué es empresa productiva del Estado porque no quedó determinado en la reforma energética, así como considerar la función social que cumple y llevar a cabo un rediseño de la arquitectura institucional que surgió de la modificación constitucional.

Consideró que no es necesario echar atrás la renovación energética, pero sí acusó que su implementación ha ido más allá de los cambios constitucionales aprobados, al grado que constituye una reforma en sí de la misma reforma, porque la hizo más agresiva contra Pemex y la ha sometido a una esquizofrenia institucional que le impide desarrollarse y ser el eje articulador de la industria petrolera de México que sea complementado por firmas privadas.

Estoy convencido que deben hacerse cambios en la legislatura secundaria y en la orientación de las políticas públicas de hidrocarburos para mitigar la asimetría regulatoria y fiscal a que está sujeta Pemex. Hay una serie de disposiciones en las leyes de hidrocarburos e ingresos que hacen que tanto la carga fiscal como los amarres regulatorias pongan a Pemex en desventaja, porque se le impide realizar ciertas actividades que a consideración de la Secretaría de Energía (Sener) o de la CNH representa un freno a las condiciones efectivas de competencia, como si Pemex fuera actor privado preponderante; por otro lado, se les instruye a cumplir con proyectos socialmente necesarios, como si fuera un organismo público descentralizado, explicó.

Pemex, sostuvo, requiere piso parejo para competir con las empresas privadas, porque está agobiada por la carga fiscal y, por ejemplo, sólo puede deducir 6.10 dólares por barril producido en aguas someras cuando los privados recuperan costos hasta por 60 por ciento del valor.

Las empresas pretenden olvidar que la base gravable que tienen es completamente distinta porque reciben un bono de 25 por ciento si tienen éxito en la exploración e incluso pueden deducir el gas de autoconsumo hasta cierto límite, pero Pemex no tiene ninguna de esas facilidades.