En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se reformarán la Constitución y diversas leyes con la finalidad de reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas, aseguró Adelfo Regino Montes, próximo titular de lo que será el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que remplazará a la actual Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

En entrevista con La Jornada, el licenciado en derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), expuso que la reforma en materia indígena de 2001 “no atendió de manera cabal la entonces iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), la cual recogía los contenidos de los históricos Acuerdos de San Andrés, establecidos entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Ese planteamiento fue desdeñado, ignorado en sus puntos esenciales por los legisladores, se debe retomar porque es parte de la deuda histórica que México tiene con los pueblos y comunidades indígenas.

Regino fue secretario de Asuntos Indígenas del gobierno de Oaxaca y Secretario Técnico del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos de esa entidad (2010-2016), afirmó que en ese tiempo se realizó una reforma al artículo 2 de la Constitución, que fue insuficiente, por eso la importancia de que en la nueva administración, que sí tiene voluntad política y disposición para emprender esos cambios retome los temas que quedaron pendientes en 2001.

Además, dijo que en las últimas dos décadas ha habido avances internacionales en materia de derechos indígenas, entonces se tiene que armonizar el marco normativo nacional a esta nueva realidad, indicó Montes, quien participó como asesor de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

–¿Cuales han sido esos instrumentos jurídicos internacionales, cuyos principios se deben incorporar a las leyes nacionales?

–Uno, es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que fue adoptado por la Asamblea Nacional de la ONU el 13 de septiembre de 2007. Este instrumento reconoce el derecho de libre determinación, los derechos a las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas y el tema de la consulta, del consentimiento libre, previo e informado antes de que se adopten medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar a los pueblos indígenas. Además en la Organización de Estados Americanos (OEA) el 16 de junio de 2016 fue adoptada la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

–¿El nuevo instituto es sólo un cambio de nombre de la CDI o es un cambio de estrategia en relación con los pueblos indígenas?

–Es un cambio de concepción, de visión y de estrategia. La premisa central de esta nueva concepción es la consideración de nuestros pueblos indígenas como sujetos de derecho, como sujetos de su propia historia y como sujetos de su propio desarrollo. La premisa es que se reconozca a nuestros pueblos como sujetos plenos. A nuestros pueblos se les ha dado un trato de objetos, no se les ha reconocidos como sujetos con personalidad jurídica, titulares de derechos y obligaciones, sino como objetos de políticas públicas, y eso cambiará. En el nuevo gobierno serán considerados sujetos de derechos, sujetos titulares de un derecho fundamental establecido en la legislación internacional, como es el derecho de libre determinación. El artículo 3 de la declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas establece que los indígenas tienen derecho a la libre determinación, y en virtud de esto determinan libremente su condición política y persiguen por sí mismos su desarrollo económico, social y cultural.

–Durante décadas se han desplegado programas para los pueblos indígenas; sin embargo, siguen experimentando los más altos niveles de pobreza, ¿estos esquemas sólo han sido asistencialistas?

–Necesitamos salir de la lógica asistencialista a una en donde se considere a nuestros pueblos como sujetos de derechos, como titulares de un conjunto de derechos y obligaciones establecidos en la legislación internacional y nacional, y que a partir de esto podamos hacer un planteamiento de desarrollo, de bienestar integral. Se está planteando que a nivel de cada pueblo y región indígena elaboremos los planes integrales de desarrollo de cada uno de los 68 pueblos indígenas de México y también del pueblo afromexicano. Que sean las propias comunidades las que definan sus prioridades para el desarrollo. No es posible seguir en la dinámica de imponer proyectos y programas a nuestros pueblos y comunidades. En buena medida ese ha sido el error: concebir desde Ciudad de México o desde las capitales los proyectos y los programas para el sector. Necesitamos invertir la fórmula, será a través de las propias autoridades, de las organizaciones indígenas, de las instituciones de pueblos y comunidades como se establezcan las prioridades de desarrollo en las regiones indígenas. Se instrumentará un proceso de consulta; que estos planes contengan las prioridades de desarrollo de los propios pueblos y se establezcan acuerdos. Va a ser de abajo hacia arriba. El gobierno escuchará la voz de los pueblos.

–¿Cuál será la relación con el EZLN? Ha sido crítico con el nuevo gobierno. ¿Se los llamará al diálogo?

–La premisa será el respeto absoluto. Respetaremos los procesos organizativos autonómicos en los que se encuentran los diversos pueblos indígenas de México. Tenemos que reconocer el gran aporte de nuestros hermanos zapatistas en la visibilización y proceso de reconocimiento de los pueblos indígenas de México y en el proceso de democratización del país. El licenciado López Obrador está planteando un proceso de reconciliación y diálogo nacional. A este proceso todos están invitados, y de manera especial nuestros hermanos zapatistas.

–¿Qué pasará con los proyectos de explotación establecidos en tierras indígenas?

–Habrá que hacer un diagnóstico y también una revisión de las concesiones y permisos sobre los territorios y recursos naturales de nuestros pueblos indígenas. Habrá respeto a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado. Estamos valorando la posibilidad de que el titular del Ejecutivo federal emita un decreto que establezca con claridad normas, procedimientos y metodología para realizar consultas a los pueblos indígenas para que no caigamos más en la simulación.

–¿Si algunos pueblos decidieran revertir ciertos proyectos que les afecten o en otros casos consideren adecuado tener participación de los beneficios?

–Tenemos que escuchar y respetar la voz de nuestras comunidades. No puede seguir la dinámica de imposición de proyectos, concesiones y permisos. Habrá coordinación, diálogo y consulta. Si deciden aceptar algún programa, se considerará el tema de la distribución justa y equitativa de beneficios. No seguiremos en esta dinámica del pillaje, del colonialismo y que llegue una empresa, se lleve los recursos y deje en desolación a las comunidades. Y que siempre sea con respeto a la madre Tierra.