Pendientes en salud sexual y reproductiva

El respeto a los derechos sexuales y reproductivos es un gran pendiente en el campo. FOTO: Tikostel

Leonardo Bastida

Como muchas otras mujeres de la zona de la Sierra Sur de Oaxaca, Irene acudió al Centro de Salud de San Miguel Coatlán, ubicado a una hora en auto, o más de ocho horas a pie de la cabecera municipal de Miahuatlán. Era enero de 2016 y sentía que estaba embarazada, por lo que acudió para corroborarlo. En el sitio, fue atendida por un pasante de medicina, quien la examinó y le confirmó que llevaba 25 semanas de embarazo. En su receta le indicó la toma de ácido fólico, pero no le recomendó la realización de estudios para evaluar la condición del producto. Dos meses después, Irene regresa al lugar con trabajo de parto, el mismo pasante identifica que tiene ictericia, y le brinda la atención correspondiente hasta que da a luz. Sin embargo, los protocolos establecen que, por la situación, podría haber sido canalizada a un hospital de segundo o tercer nivel, y un médico debería haber supervisado las maniobras realizadas.

Tras el parto, Irene se desmayó y presentó signos de presión baja, por lo que fue canalizada al área de ginecología y cirugía del Hospital Rural 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz. El traslado sólo fue supervisado por su esposo, pues ningún integrante del centro de salud subió a la ambulancia. En el hospital le diagnosticaron hemorragia, presentando ya baja temperatura corporal y un choque volémico, derivado de la pérdida de sangre, además de alta probabilidad de complicaciones derivadas del mal estado de salud de su hígado. La única opción para detener el sangrado era una cirugía, la cual, no resistió. Falleció durante el procedimiento. El peritaje médico concluyó que la falta de un diagnóstico correcto tras el parto fue el factor que provocó las complicaciones y la muerte de Irene. 

El caso derivó en la emisión de una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual, en los tres pasados años, ha emitido más de 10 documentos dirigidos a autoridades de diferentes entidades federativas, para garantizar a las mujeres de comunidades rurales y/o indígenas el acceso a servicios de salud adecuados y el respeto a sus derechos sexuales y reproductivos mientras se les brinda atención, entendidos como el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios para ello, así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva, además de adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o violencia.

Algunos de los casos de violaciones a estos derechos más visibles son el de la mujer que dio a luz en el jardín de un hospital, igualmente en Oaxaca, y otras muertes ocurridas en centros de salud de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

En el campo mexicano, el respeto a los derechos sexuales y reproductivos es un gran pendiente, situación que se traduce en muerte de mujeres embarazadas por malas atenciones médicas, índices de embarazo adolescente y de nuevas infecciones de transmisión sexual más altos que en las zonas urbanas, y las tasas de fecundidad más altas del país: Chiapas tiene el lugar más alto de fecundidad, con casi tres hijos por mujer, siguiéndole muy de cerca Guerrero y Oaxaca, con 2.5.

En cuanto al número de muertes de mujeres debido a complicaciones durante el embarazo, el parto o el puerperio, el monitoreo realizado por el Observatorio de Mortalidad Materna en México arroja que hasta la semana 28 de este año, correspondiente a los días 9 a 15 de julio, en Chiapas habían ocurrido 39 decesos por esa circunstancia, siendo el segundo lugar, sólo superado por el Estado de México. Otro estado con características similares es Veracruz, con 21 fallecimientos por la misma causa.

El año pasado, Chiapas, con 68 casos, y Veracruz con 41, ocuparon el segundo y tercer lugar con respecto al número total de muertes maternas en el país. Otros estados con características similares, como Guerrero y Oaxaca, también estuvieron dentro de las primeras 10 entidades con más mortalidad materna, causada por factores como las hemorragias intensas, casi siempre en los días posteriores al parto, infecciones contraídas durante el alumbramiento, problemas con la presión arterial y el parto obstruido (cuando los huesos de la pelvis obstruyen la salida del feto).

Una de las metas por alcanzar para el año 2030, a propósito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Organización de las Naciones Unidas, es reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 casos por cada 100 mil nacidos vivos.

Un factor asociado a las complicaciones en los embarazos es la edad. Las comunidades rurales y campesinas presentan mayores índices de embarazo en adolescentes. En localidades de menos de 15 mil habitantes, 13.5 por ciento de las adolescentes de 15 a 19 años ha estado embarazada alguna vez, mientras que a nivel nacional el promedio es de 12.4 por ciento. La tasa de fecundidad de las adolescentes en estas comunidades es de 12.5 nacimientos por cada cien, mientras que en el resto del país es de 11.1.

La situación deriva, entre otros factores, de hechos como que, en Chiapas, casi 90 por ciento de las mujeres no utilizaron algún método anticonceptivo durante su primera relación sexual, según datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica. La cifra en entidades con características similares como Oaxaca y Guerrero fue de 80 por ciento.

De igual manera, el porcentaje de mujeres adolescentes sexualmente activas que utilizan un método anticonceptivo de manera frecuente es el más bajo del país en Chiapas con sólo 35 por ciento, seguida de Oaxaca con casi 45 por ciento.

El mismo documento señala que existe una mayor propensión de embarazo adolescente en la población hablante de lengua indígena, ya que 54 por ciento de las mujeres en edad fértil con esta condición fueron madres durante su adolescencia, porcentaje superior a quienes no hablan lengua indígena, con 45.9 por ciento.

Los riesgos de adquirir una infección de transmisión sexual también están latentes. De acuerdo con el poster presentado por el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida y el Instituto Nacional de Salud Pública durante la 22 Conferencia Internacional de Sida, celebrada en Ámsterdam, Países Bajos, del 23 al 27 de julio, algunos de los 25 municipios con mayores índices de mortalidad por VIH/sida están ubicados en las entidades federativas con mayor población rural. El municipio con más casos es Tonalá, Chiapas, con 14.4 por cada 100 mil defunciones, siguiéndole Centla, Tabasco, con 13.5 o Cosamaloapan, Veracruz con 13.3.

Campeche es el estado de la República con más nuevos casos de sida en el país con casi 18 por cada 100 mil habitantes, es decir, que las personas con infección de VIH no se detectan ni se tratan de manera oportuna, provocando que este se desarrolle y aumente sus niveles en la sangre, derivando en el debilitamiento considerable del sistema inmunológico. Guerrero presenta una situación similar con 12.7 casos, seguido de Yucatán con 10.7.

En cuanto a nuevos casos de VIH, es decir, que la persona vive con el virus, Tabasco, Campeche y Yucatán son las entidades con más casos, con más de 18 por cada 100 mil habitantes.

De acuerdo con reportes de la Comisión Nacional de Población y otros organismos nacionales e internacionales, el embarazo adolescente, la mortalidad materna y la falta de acceso a métodos anticonceptivos y de prevención de infecciones de transmisión sexual son indicadores de exclusión social, consecuencia de la pobreza y la desigualdad.

opiniones, comentarios y dudas a [email protected]

jornadadelcampo     La Jornada del Campo     la_jornada_del_campo