Miles de personas salieron a festejar la victoria de Andrés Manuel López Obrador FOTO: Víctor Camacho / La Jornada

Carlos San Juan Victoria  [email protected]

1. ¿Nace otra República? El 1 de julio, en la mayor elección de la historia mexicana, por la cantidad de votantes y por los puestos de representación en juego, ocurrió un maremoto ciudadano que reorganizó al sistema de partidos y a la República misma. Hay un mandato formidable que exige el cambio, entendido como la abolición de un régimen de corrupción y de privilegios, pero a la vez, realidades difíciles que muestran un camino incierto. Esta república degradada en la que aún estamos, seguirá impulsando hasta el último día de su gestión, el 30 de noviembre de este año, una de las más grandes ofensivas mercantiles contra el campo, la ciudad, la cultura y el alma de la gente. Su última pieza en la temporada de caza de este sexenio es la privatización del agua. Y la posible cancelación de esta ofensiva no se realizará sin pugnas fuertes en muy diversos terrenos. Sin los formidables instrumentos de los recursos y las instituciones públicas, quedaron aún de pie las grandes corporaciones, los medios masivos en manos empresariales, la fuerza de las trasnacionales, los poderes regionales y locales que se benefician del régimen de corrupción y de impunidad, la violencia del narco y sus asociaciones con gobiernos, policías y empresarios. Hay un mandato excepcional, un liderazgo sólido, pero los poderes siguen intactos. Sobre esta posibilidad incierta tratan estas líneas.

2. Lo que está en juego. Ese triunfo electoral significa, en la situación aludida, el mandato de 30 millones de ciudadanos para frenar los procesos de degradación de la vida pública y la ofensiva mercantil desatada, y a la vez, para explorar caminos de regeneración de la política y la sociedad. Este es el tamaño del cambio que está en juego en México.

Los usufructuarios de ese orden regresivo deben considerar ahora los términos de su relación con el nuevo gobierno y, del mismo modo, el pueblo puede aprovechar el espacio que se abre en este intento de regeneración para reorganizar sus fuerzas, consolidar sus propios proyectos de vida e iniciar su propia marcha. Tanto los usufructuarios del orden vigente, como los millones de votantes que exigen el cambio, intuyen que ya no tienen la misma seguridad de lo que va a ocurrir mañana. ¿Va a proseguir con nuevo disfraz la impunidad y la injusticia, o, por el contrario, habrá señales del nuevo gobierno de que arranca este cambio?

3. El aviso. La promesa de regeneración la República puede abrir espacios de lucha que ahora no existen. El orden apabullante de la dominación actual puede empezar a modificarse en regiones, sectores, medios urbanos o rurales dependiendo de las iniciativas concretas que se impulsen. Y con ello se altera el modo en que se ensambla hasta ahora esa dominación. Todo va a depender, como se dijo, de las iniciativas que debe lanzar la nueva República para cumplir su mandato, pero, sobre todo, de que una ciudadanía que ya dio muestra de su fuerza, aproveche las desestructuraciones para ampliar el campo de sus proyectos, de sus aliados, de su autonomía y autogestión. 

Es la hora de movilizar masas críticas del pensar y del hacer para explorar las posibles convergencias de actores sociales, de puntos de encuentro y de sus términos para enriquecer las acciones de gobierno con contenidos de justicia. Ahí se abrirá o no este camino incierto hacia el cambio. El desafío de proceder a la regeneración de la Nación requiere de esa incesante transformación de las relaciones de fuerza, el asumir cada promesa y propuesta como un espacio de lucha, la constante creación de grandes coaliciones capaces de dar sustento y continuidad a este proyecto, el acompañamiento de una cultura crítica que presione a la transformación verdadera y la defienda del acoso de medios, empresarios e ideólogos neoliberales.

4. La idea central: es posible frenar y revertir la degradación nacional utilizando la palanca de una República restablecida en su salud ética y en su eficacia. En la experiencia mexicana de la posrevolución, quien encabezó las transformaciones fue el Ejecutivo Federal, la mítica presidencia. Precisamente, la gran pieza del tablero de la política mexicana que ahora perdieron los poderes de facto. De ahí una estrategia que se orienta en primer lugar en remodelar el Ejecutivo, y el papel de AMLO como su cúspide, del cual se difunden las virtudes de la honestidad, la austeridad y un mandato casi evangélico: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. La fuerza histórica del presidencialismo -que debilitó al Legislativo y Judicial y atrapó a la energía social y ciudadana en redes de control-, se encuentra ahora con otro tejido institucional, con imaginarios sociales que reivindican su papel, y con la promesa de campaña que le obliga y legitima: regenerar a los tres poderes a la vez. Si se intentara revivir al Presidencialismo autoritario iniciaría la erosión de su autoridad. A ello se deberá estar atento.

5. Los tres ejes que sostienen al cambio. Esta gran ambición tiene tres ejes principales: 1. Rehabilitar a la República como autoridad política y desarmar el ensamble actual de la fusión corrupta del poder político y económico. 2. Justicia para frenar la embestida de la violencia, de la comercialización extrema, de la exclusión y la invisibilidad de los más agraviados por este orden injusto. 3. Un crecimiento concebido como “progreso con justicia”: incluyente, sostenido, con participación del sector social, de desarrollos regionales plurales y donde los macro proyectos deberán cancelar todo efecto negativo ambiental y social y pactar acuerdos con las poblaciones afectadas. En estas décadas se acumuló una masa crítica de conocimientos y propuestas desde los centros del pensar y también desde el corazón de muchos conflictos sociales, que ahora tienen la oportunidad de mostrar su valía para potenciar el crecimiento y reparar muchas injusticias.

6. El detonar de las virtudes republicanas. El primer eje, el de la República, apunta a uno de los agravios y las esperanzas más intensas vividas en años recientes por muchos mexicanos, y es el espacio donde renacen las virtudes republicanas añejas. La alta burocracia política y financiera rehízo a la República como una fortaleza de sus privilegios. Salarios, prestaciones y fueros que contrastaron con la pobreza y desamparo de más de la mitad del país. Desde esa fortaleza del privilegio y la impunidad polarizaron a la nación en minorías que todo tienen y mayorías sin futuro. Esta República hasta ahora en pie, se mimetizó al impulso jerárquico y de desigualdad intensa del capitalismo más predador, el ahora vigente.

De ahí la potencia de la propuesta, que comprende la reducción de salarios y privilegios en la burocracia, donde un Presidente que se baja el salario a la mitad arranca el proceso. Suprime todos sus privilegios económicos y jurídicos como el fuero, las pensiones vitalicias a ex presidentes, el avión presidencial, se desprende del Estado Mayor Presidencial y establece la revocación del mandato sujetando la continuidad de la Presidencia a una consulta popular cada dos años. El pueblo, según sus palabras, quita y el pueblo pone. Para tal efecto se reunió con las futuras bancadas del Congreso de su partido para elaborar las iniciativas de ley.

La otra fuente de descomposición republicana, la asociación nociva del poder político y el poder económico, el llamado “capitalismo de compadres” de igual manera será combatido. Con sus tráficos de informaciones privilegiadas, la puerta giratoria donde empresarios pasan a la función pública y burócratas pasan a ser empresarios o consejeros de grandes corporaciones, con acceso garantizado de mercados públicos y grandes obras. Se elaboran iniciativas legislativas para combatirlo. Y su otro gran rasgo es la austeridad republicana, un conjunto de medidas que, además de rasurar salarios y privilegios, adelgaza secretarías y personal de confianza y llama a hacer más con menos al sector público y con ello generar un ahorro que será una carta a jugar para detonar el crecimiento.

7. Justicia en tierra de injusticias. La justicia es el enlace más profundo del nuevo presidente con los sentimientos de la población, por la violencia desatada, las pésimas condiciones de la economía popular, el olvido de jóvenes, mujeres, ancianos; el deterioro de servicios básicos y de la expectativa evaporada de vidas decentes; el deterioro de los valores elementales de la convivencia. La promesa de una República donde “primero serán los olvidados, los débiles y los humillados” tiene que convertirse en compromiso palpable, que empape a los gobernantes y sea exigido por la sociedad entera. Pero la justicia no se regala, siempre se lucha para obtenerla. Desde esa perspectiva los incrementos al salario mínimo son buena señal para que los trabajadores vuelvan a impulsar la recuperación del salario. La nueva estrategia para la inseguridad y contra la violencia, donde se expresó la posibilidad de una amnistía para la gente pobre que se involucra con el narco, y que ahora se ha convertido en un llamado a la creación de iniciativas diversas e integrales, abona a que muchas agendas y organizaciones impulsen sus propuestas y coincidan en la recuperación de tejidos y valores para otra manera de vivir en común. El incremento de apoyos a la tercera edad y la regeneración de los sistemas educativos y de salud, así como el propósito de incrementar a un millón las acciones de vivienda apuntan a rehabilitar al Estado de Bienestar, que no se puede quedar solo ahí, sino que se debe complementar con su fundamento, el crecimiento incluyente. La designación de Alejandro Encinas, de la izquierda coherente y con experiencia de gobierno, como responsable de una subsecretaría de Gobernación y que tendrá como una de sus prioridades ir a fondo en la herida de Ayotzinapa es una excelente señal para que las muchas causas de los desaparecidos y muertos en la espiral de violencia que vive México se restauren y caminen hacia la verdad y la justicia. Lo mismo pasa con la designación de Adelfo Regino, abogado y militante de las autonomías indígenas, para dirigir la nueva Institución orientada hacia los pueblos originarios del país, la raíz profunda de lo que somos. Hace pensar que el trato a los pueblos tendrá un marco de dignidad y respeto ahora que se encuentra acosado por las luchas territoriales contra las mega empresas mineras, energéticas y de biotecnologías.

8. El progreso con justicia. El otro eje es el crecimiento, donde se postulan dos cosas que pueden sonar como contradicción sin remedio: por un lado, el respeto al equilibrio macroeconómico, el reconocimiento de la autoridad plena del Banco de México en la política monetaria y la promoción intensiva de las inversiones privadas. El andamiaje del neoliberalismo, un invernadero para la crianza de la inversión privada, que sujeta al presupuesto que no debe gastar más de lo que ingresa y amarra a la gestión gubernamental a la continua creación de “garantías” a los empresarios.

Y en ese marco, se apuesta a crear otro rumbo del crecimiento, el “progreso con justicia”, donde el crecimiento va ligado y orientado hacia el bienestar colectivo. ¿Hay espacio para ese juego? La apuesta mayor del nuevo gobierno es demostrar que sí. La austeridad republicana promete una bolsa de 500 mil millones de pesos, para que el Ejecutivo federal no quede maniatado en su propósito de detonar el crecimiento. Y dentro de sus novedades, reconoce la importancia de crecer hacia adentro, hacia el mercado interno, recupera la dimensión esencial del desarrollo regional para superar las graves desigualdades, y sugiere un tripié, clásico de la experiencia mexicana del “milagro económico”, la inversión pública, más la inversión privada reconsiderando a fondo su componente de pequeñas y medianas industrias, las PYMES, y mucho ojo, el sector social, es decir, a las múltiples formas asociativas de las familias mexicanas, como empresas comunales, ejidales, cooperativas y un largo etcétera que fueron  menospreciadas en la larga noche neoliberal. 

Otro rasgo es que el crecimiento que se propone recupera mucho de lo que ya existe, aunque en condiciones de abandono o de deterioro impuesto. Prevé la potencia de la economía rural para lograr la soberanía alimentaria. La del sector energético, petróleo y electricidad, rescatados de la quiebra inducida por las tecnocracias corruptas. El sector de la construcción mediante propuestas de vivienda y de infraestructura.

Pero tal vez su reto decisivo es propiciar el cruce entre economía y justicia, es decir, reemprender la redistribución de la riqueza generada, pactar proyectos que no dañen el tejido social y ambiental, y abrir los estímulos públicos a la gran masa de productores. Es buena señal aumentar los salarios mínimos, que ya cuenta con el acuerdo de los empresarios; y la disposición a que el TLC contemple el aumento de salarios. En el mismo sentido habrá que valorar si avanza la idea de incorporar de manera cierta en proyectos públicos de inversión a las PYMES y al sector social. El nuevo programa sobre los Jóvenes en edad de trabajar para que se capaciten becados por el gobierno dentro de las fábricas y mejoren su oportunidad de encontrar un trabajo estable dibuja una reorientación frente a lo que se ha hecho y se propicia la regeneración de los tejidos, cadenas y eslabonamientos económicos de la nación.

En un acto en el Zócalo, repleto de simpatizantes, Andrés Manuel López Obrador recalcó que el país inicia una nueva etapa de transformación y que encabezará un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. FOTO: Carlos Ramos Mamahua / La Jornada

En México el recuento de daños y de luchas contra los megaproyectos de la minería, la denuncia de los graves riesgos del fracking para explotar el gas, la luchas contra los cultivos de transgénicos, recorren el norte y el sur. Se ha jugado de manera perversa a aumentar la “ventaja comparativa” y atraer inversiones desregulando los controles ambientales y mal vendiendo la fuerza de trabajo de miles de mexicanos. Pero también es cierto que en el mundo actual los mega proyectos se requieren para mejorar los sistemas de comunicación, acceder a ciertas tecnologías, crear ámbitos de atracción de la inversión global y nacional, y ofrecer opciones de crecimiento a regiones olvidadas. China y Rusia hacen lo mismo y a la vez aumentaron su control soberano para desarrollar ciencia y tecnología propias.  El futuro gobierno ha creado ya un piso de consensos para dominar el impulso antisocial del capital, que fue el gran logro del siglo XX con la justicia social y el estado de bienestar. Bienvenidos los negocios, pero sin tráfico de influencias ni corrupción, con responsabilidad social, con alza de salarios, acuerdos con la propiedad social y sin daños a los muy deteriorados ríos, aguas y tierra. Esa promesa obliga y el campo de lucha se abre.

En este terreno de conjuntar crecimiento y justicia habrá que regular a los mega proyectos que ya se anuncian. Por ejemplo, el del Corredor del Istmo de Tehuantepec, o bien, el uso de un millón de hectáreas para la explotación maderable pues los árboles frutales no parecen tener mayor riesgo. Ahí se pondrá a prueba ese “progreso con justicia”, que tiene varias condiciones para aterrizar en la dura realidad: que las mega inversiones en su componente gubernamental abran espacio a las Pymes y al sector social, que lo macro se articule a la detonación de muchos proyectos regionales en las zonas donde se apliquen, elaborados por las poblaciones y sus autoridades, pues, una realidad ocultada por la codicia neoliberal, es que este país no es sólo de empleados mal pagados, sino de millones de  productores, de familias que se las ingenian para producir bienes y servicios múltiples y diversos. Y, sobre todo, que las autoridades de municipios y de comunidades sean interlocutoras reconocidas en la planeación y ejecución de los mega proyectos enlazados al detonar de proyectos locales y regionales que fomenten la potencia propia de esos territorios y de sus poblaciones.

9. Los negritos del arroz. AMLO ha demostrado congruencia hacia las virtudes republicanas que predica. Pero una buena parte de la clase política ahora existente se ha formado en un tiempo de cinismos crecientes, de usos personales de los bienes y atribuciones públicas, de asociaciones peligrosas con negocios legales e ilegales. Confunden el servirse de lo público con el servicio público. El ataque contra sus privilegios desatará resistencias no sólo en el Ejecutivo Federal, sino en instancias como congresos, Poder Judicial, otros niveles de gobierno y partidos. La “cultura política” se formó en una época de decadencia. Regresar a la ética del buen gobierno, donde la política es servicio público, es un campo de lucha difícil pero imprescindible. Sin ciudadanías vigilantes, contralorías efectivas y poderes judiciales dispuestos no va a prosperar.

La inversión privada carga con mentalidades empresariales en ocasiones depredadoras, sin pizca de responsabilidad social. Requiere de entornos y reglas del juego que fomenten su responsabilidad ante la gente y la naturaleza. Será otro campo de lucha que requiere de actores como los sindicatos, las comunidades organizadas, las redes campesinas y las organizaciones ambientales entre otros, de culturas e instituciones dispuestos a fomentar otra actitud. Sin ello el progreso con justicia naufraga. Las mega inversiones se acostumbraron a corromper dirigentes y a comprar ayuntamientos, para dispensarse de la obligación de pactar reglas de justicia económica con los pueblos. Y eso tendrá que cambiar. Los dirigentes sociales y las organizaciones que hicieron un modus vivendi de la protesta, tendrán que modificar sus maneras y aprender a negociar de cara y en beneficio de sus representados. En fin, cambiar el mundo tiene como exigencia reconocer que con los despojos y los destrozos de lo que hay se deberá proceder a construir la nueva esperanza, pero transformándose en el camino. Esa es su oportunidad o la extinción misma del cambio.

10. La garantía del cambio. Transitar hacia un régimen de justicia va a requerir de iniciativas que desestructuren las complicidades de los grandes poderes, de rasgar sus consensos hasta ahora dominantes, que “naturalizan” las garantías al capital y el despojo al trabajo y a la naturaleza. Pero sobre todo no abandonar el modo con que se creó la ola ciudadana en la campaña electoral y su desenlace que arrojó un triunfo contundente. Recordemos: se trabajó con las reglas institucionales, pero sin quedarse en su terreno mercadotécnico y mediático. Al contrario, se construyó el entusiasmo festivo a ras de tierra y en el contacto directo con las diversas poblaciones del territorio nacional. Ahí se creó una política de la alegría. De esa periferia y exterioridad sistémica surgió la ola que estalló en el centro del tablero electoral, una alteración de las relaciones de fuerza decisiva, que al momento que estalla inicia su desvanecimiento. Las fechas precisas del calendario político mexicano, la toma de posesión del nuevo gobierno, sus momentos de someterse a la revocación del mandato, la elección del Congreso para 2021 y el cierre del ejercicio sexenal, deberán trabajar de manera parecida, en la exterioridad y en la periferia del sistema, para crear las olas que empaten el esfuerzo de gobierno con los imaginarios populares y ciudadanos. Ello requiere de una línea de consistencia y congruencia en las acciones de gobierno. Pero también de espacios de libertad para que la ciudadanía construya su propia consistencia, las raíces propias de sus sueños y proyectos, coaguladas en formas asociativas y de autogestión y autogobierno. Mientras más cohesión autónoma tengan las olas que vienen, de mayor presión, profundidad y salud gozará el cambio. Esa es, en verdad, su única garantía.

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