¿Se reducen las amenazas al
territorio con la transición política?

Francisco Cravioto Lagos Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible

Hay concesiones mineras en numerosas regiones pertenecientes a comunidades y ejidos. FOTO: CCMSS

La disputa política que se desarrolla por canales institucionales-electorales ha presentado, en 2018, un cambio inusitado: la llegada al poder de un partido político relativamente nuevo que se localiza a la izquierda del centro, que controlará el Ejecutivo nacional, mayorías simples en ambas cámaras del Legislativo federal, cinco (o más) gubernaturas y 19 (o más) Congresos estatales.

Desde el ámbito de las luchas por la defensa del territorio se da seguimiento a este proceso de transición con mucha cautela. Ciertamente, las pasadas tres décadas de gobiernos promotores de políticas liberales de ajuste estructural han generado un panorama de devastación y despojo generalizado que trasciende regiones geográficas, ámbitos rurales o urbanos, poblaciones mestizas, indígenas o afrodescendientes. No obstante, quienes tienen memoria de las décadas previas al neoliberalismo saben que los megaproyectos de desarrollo no son políticas exclusivas a este modelo.

Ante este panorama, conviene hacer una revisión del proyecto de gobierno de Morena encabezado por López Obrador para conocer cuáles son las propuestas que afectarán negativa o positivamente a los territorios y los procesos de defensa de los mismos.

Con respecto a las actividades relacionadas a la explotación de hidrocarburos, se han presentado señalamientos cruzados en declaraciones del ex candidato y los documentos de propuestas que circularon en la campaña. El pasado 31 de julio, López Obrador declaró que no se haría uso de la técnica de la fractura hidráulica (fracking) durante su gobierno. Esta declaración, sin duda, es positiva. No obstante, mientras no quede plasmada una prohibición explícita de la fractura hidráulica en la Ley de Hidrocarburos, el desarrollo de proyectos de fracking en México quedará a la venia del titular del Ejecutivo federal.

Por otra parte, en el Proyecto 18 (proyecto18.mx) establece que el próximo gobierno buscará aumentar la producción de barriles de petróleo a 2 millones de barriles diarios. Ante un panorama generalizado de yacimientos en franco declive productivo, el cumplir esta ambiciosa meta solo es posible a partir de la apertura de nuevos campos de explotación de hidrocarburos. Esta expansión afectará, principalmente, a comunidades localizadas en múltiples puntos a lo largo de la llanura aluvial del Golfo de México, con el potencial de generar conflictos territoriales o agravar conflictos existentes. Adicionalmente, se plantea la expansión de la red de gasoductos. La promoción de este tipo de proyectos de infraestructura ha dado pie a conflictos territoriales vigentes en Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Oaxaca, Chihuahua, Sonora y Morelos, entre otras regiones. Todo parece indicar que se dará continuidad a las causas que dan origen a estos conflictos.

Por último, se ha proyectado la construcción de dos nuevas refinerías: la conclusión del proyecto de Felipe Calderón en Tula y otra refinería adicional a ser localizada en alguna parte del Golfo de México. La construcción de estas refinerías se presenta como una propuesta cara y desfasada con respecto a las necesidades globales de transición hacia fuentes de energía libres de hidrocarburos.

La propuesta energética de Morena consta de tres componentes: termoeléctricas, hidroeléctricas y energías renovables. Con respecto a las primeras, López Obrador plantea adecuar 30 termoeléctricas existentes para uso dual: combustóleo/ciclo combinado. Asimismo, plantea reconvertir 10 plantas con capacidad de 150 MW/h para transformarlas en plantas de ciclo combinado. Actualmente, el 37% de la capacidad instalada energética del país proviene de plantas de ciclo combinado que dependen de la quema de gas natural (metano) para su funcionamiento. El aumentar la dependencia de nuestra matriz energética sobre este hidrocarburo generará, en un futuro, una presión inusitada a favor de la explotación de yacimientos de metano en roca de lutitas, solo explotables por medio de la técnica del fracking. No existe, en el mediano plazo, otra fuente para cubrir esta demanda en México (salvo la importación, con consecuencias negativas para la balanza de pagos nacional). Por otra parte, la explotación de metano presenta múltiples fugas a lo largo de toda la cadena de extracción, almacenamiento, distribución y combustión. El metano es un gas asociado a un efecto invernadero 81 veces superior al dióxido de carbono. Esta dependencia nos coloca en contracorriente con la necesidad urgente de reducir el volumen de emisiones de gases de efecto invernadero.

En lo que toca a plantas hidroeléctricas, el gobierno entrante plantea rehabilitar plantas hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad ya existentes. Esto, en sí, no es una mala propuesta, puesto que aprovecha la capacidad instalada de plantas en cuencas ya afectadas por los embalses. Idealmente, esta propuesta debe ser acompañada de un plan de transición hacia energías renovables de distribución local para programar la vida útil de estas hidroeléctricas y el eventual desazolve de los ríos. Desafortunadamente, la propuesta de Morena plantea la construcción de múltiples pequeñas, micro y mini hidroeléctricas por parte de la CFE y la iniciativa privada. No se especifica cuáles serán las cuencas afectadas por estos proyectos.

En el caso de energías renovables, se busca alcanzar el 16% del abasto nacional para el año 2024, propuesta positiva y bastante ambiciosa. El enfoque del gobierno entrante se centra en la pequeña escala y la distribución local, buscando la cobertura de 45 mil comunidades marginadas, 6,400 núcleos agrarios, un millón de usuarios residenciales o del sector servicios, autosostenibilidad de dependencias del gobierno federal, mil “solineras” (para recarga de autos eléctricos) y 500 Centros de Desarrollo Técnico en Energías Renovables. No existe una mención explícita sobre el conflicto social que ha generado la promoción de parques eólicos en la región del Itsmo, mismos que pueden reproducirse en otras regiones como Yucatán, Tamaulipas o Baja California donde estos proyectos son impulsados actualmente. Aunque el proyecto de Morena habla de centrarse en la promoción de pequeños, micro y mini proyectos eólicos, enfocado en cooperativas y la generación regional de empleos, no establece pautas claras sobre si se respetará el derecho de las poblaciones a permitir o negar la entrada a estos proyectos y, en caso de acceder a los mismos, las condiciones en que se hará partícipes a las poblaciones de los beneficios de estos proyectos.

Con respecto a las actividades mineras y las profundas afectaciones sociales y ambientales asociadas a la misma apenas se ha hecho mención sobre las intenciones del gobierno entrante. Se habla sobre la necesidad de reformar la Ley Minera con el propósito de prohibir esta actividad en Áreas Naturales Protegidas, establecer los Estudios de Impacto Social y hacer obligatoria la consulta a comunidades indígenas y equiparables. Estas propuestas son insuficientes. Una reforma a la Ley Minera debe revisar a fondo todo el régimen de concesiones, fortalecer las obligaciones de los concesionarios mineros, reducir sus inadmisibles privilegios y prerrogativas, establecer causales de cancelación de concesiones ligadas a afectaciones ambientales o violaciones de derechos humanos y retirar el carácter preferente y de utilidad pública que esta actividad goza. En ausencia de una reforma a la Ley Minera que atienda estas cuestiones, del próximo sexenio podemos esperar una situación de continuidad

No queda espacio para tratar temas como son el ferrocarril turístico maya o el corredor transístmico de infraestructura, entre otros megaproyectos. Baste señalar que la solución a conflictos territoriales en México requiere de un cambio de paradigma económico profundo. La llegada de Morena al poder, meramente, implica el establecimiento de condiciones marginalmente mejores para continuar con los procesos de defensa.

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