¿Qué sigue en política pública
para enfrentar la epidemia de
obesidad y diabetes?

Fiorella Espinosa Investigadora en salud alimentaria en El Poder del Consumidor

La obesidad está afectando la calidad de vida de millones de personas y sus consecuencias nos cuestan financieramente a todos. A finales de 2016, la Secretaría de Salud federal declaró emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes. Pese a ello, no reforzó las medidas que se saben costo-efectivas para que en el corto y mediano plazo se salven millones de vidas. La razón es simple: quienes se encargan de proteger nuestra salud se sientan a negociar con quienes producen y comercializan productos que dañan nuestra salud. El resultado son simulaciones de políticas públicas que no afectan esos grandes intereses comerciales, pero sí vulneran nuestro derecho a la salud.

La administración que terminará pronto implementó en 2013 una Estrategia Nacional para la prevención y el control del sobrepeso, obesidad y diabetes (ENSOD), que en su pilar de “Regulación Sanitaria y Política Fiscal” contempló la implementación de un etiquetado nutrimental y la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas no saludables que se dirige a la infancia. Sin embargo, los resultantes fueron, por un lado, un etiquetado nutrimental frontal que previo a su colocación se sabía que no era comprensible ni siquiera para los estudiantes de nutrición, y que además ya usaba la industria de forma voluntaria desde 2010. Por otro lado, la regulación de la publicidad de productos industrializados altos en azúcares, grasas y sal es muy débil y superficial ya que no solo deja descubiertos los horarios y programas que más ven los niños en televisión, sino que tampoco cubre otros medios a los que están muy expuestos.

La principal inquietud que debe movernos a actuar genuinamente es la situación que vive la infancia mexicana ya que, actualmente, uno de cada tres niños y adolescentes tiene exceso de peso, aumentando su riesgo de desarrollar diabetes en la etapa adulta o incluso antes. Es clave saber que más de un tercio (38.6%) de las calorías que consumen los preescolares en un día proviene de productos ultraprocesados como pastelillos, botanas, cereales de caja, embutidos, leches y yogurt saborizados y otras bebidas azucaradas como refrescos y jugos. Lo ideal es que este porcentaje sea menor a 10%, ya que la evidencia muestra que el consumo de estos productos aumenta el riesgo de desarrollar obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, daño renal e incluso cáncer.

Esta problemática se debe enfrentar seriamente. Las organizaciones de la sociedad civil que conformamos la Alianza por la Salud Alimentaria hemos diseñado una propuesta de Política Integral frente a la epidemia de sobrepeso y obesidad en México, basada en recomendaciones de entidades internacionales como la Organización Mundial de la Salud y su equivalente a nivel regional, la Organización Panamericana de la Salud. El principal componente de la propuesta es la generación de una Ley General contra el sobrepeso y la obesidad, de la cual derive un Programa Especial que funcione como instrumento rector de la política nacional para la prevención y control del sobrepeso, obesidad y sus efectos. El programa debe contar con objetivos, estrategias, líneas de acción, metas e indicadores, con el fin de ser monitoreado, evaluado y corregido en caso de ser necesario. Para ello es esencial que se garantice un presupuesto suficiente proveniente de un Fondo generado especialmente para ello, y el cual se recomienda provenga de diversas fuentes incluyendo los recursos recaudados por el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas y alimentos de alta densidad calórica.

La Ley General tiene como objetivo generar un ambiente que brinde las condiciones, herramientas e información para que le sea fácil a las personas formar hábitos alimentarios saludables, contrario a lo que pasa hoy.

Los grandes componentes básicos de la Ley son: 1) La creación de una Estrategia nacional de comunicación educativa que oriente asertivamente a la población sobre alimentación saludable, que tenga como especial énfasis la conservación y revalorización de la cultura alimentaria mexicana tradicional y sea desarrollada por expertos en nutrición, promoción de la salud y salud pública. Esta estrategia incluye las modificaciones a los contenidos de libros de texto de educación básica y el establecimiento de mecanismos de evaluación para su mejora continua, así como programas actualizados de capacitación al personal de salud. 2) La implementación de medidas regulatorias que buscan modificar el entorno, de uno obesogénico, como ocurre actualmente, a uno que favorezca elecciones saludables. Estas medidas son: a) el fortalecimiento de impuestos a productos no saludables como el que ya existe a bebidas azucaradas pero que se recomienda aumentar para generar un mayor impacto en el consumo y por ende en los beneficios en la salud; b) la introducción de un etiquetado nutrimental frontal de advertencia, es decir que advierta del alto contenido de azúcares, grasas y sodio ya que actualmente no hay manera de que el consumidor interprete adecuada y fácilmente esta información; c) la regulación efectiva de la publicidad de alimentos y bebidas no saludables que se dirige a la infancia, cubriendo horarios y programas más vistos en TV así como en otros medios a los que están altamente expuestos los niños como anuncios en calle, transporte, internet, espacios deportivos y recreativos; d) el fortalecimiento de la regulación existente en las escuelas para garantizar una oferta permanente de alimentos saludables y agua de calidad para beber, así como esfuerzos adicionales para regular la venta y publicidad en el exterior de las escuelas. Otro punto fundamental tanto en el eje de educación como en las medidas regulatorias es el fortalecimiento de las acciones para lograr las condiciones que garanticen la lactancia materna en forma exclusiva los primeros seis meses de vida y prolongada hasta avanzado el segundo año de edad, ya que la cifra de bebés amamantados en México es de las más bajas en el mundo. Finalmente, la actividad física es un factor relevante que apoya la salud por lo que se propone fortalecer las acciones en escuelas impulsando la activación física y la práctica de deportes, pero también en ámbitos de la vida diaria favoreciendo la activación física en el trabajo, transporte y actividades recreativas.

Un elemento clave de esta Ley propuesta es la presencia de órganos de planeación como lo son una Comisión Intersecretarial, un Consejo Consultivo y un Comité Científico Intersectorial conformados por expertos libres de conflicto de interés. Este planteamiento dista de lo acontecido en este sexenio, cuando no solo la formulación de la política fue hecha a conveniencia de la gran industria, sino que además la implementación, monitorio y evaluación también fue dejada en manos de ésta. El órgano que creó esta administración, el Consejo Asesor del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (OMENT) cuyo objetivo es “apoyar en la evaluación y medición del impacto de las políticas públicas implementadas por la ENSOD”, tiene sobrerrepresentación de la industria a través de miembros de sus cámaras industriales o de sociedad civil influenciada o financiada por ellos. El Instituto Nacional de Salud Pública, cuya misión es proporcionar evidencia para la política de salud pública, no fue considerado en este Consejo Asesor.

Un reto relevante para que esta política sea integral y completa, es la adecuada sensibilización sobre el relevante papel que tiene el sistema agrícola para atender esta epidemia, y lograr que los tomadores de decisiones tengan una visión del campo como fuente de salud y nutrición para todas y todos los mexicanos.

Para saber más

Consulta la propuesta completa.

Consulta el Manifiesto por un Sistema Alimentario Nutricional, Justo y Sustentable

Más información

opiniones, comentarios y dudas a [email protected]

jornadadelcampo     La Jornada del Campo     la_jornada_del_campo