Un nuevo horizonte
para los pueblos indígenas

Milton Gabriel Hernández García Etnólogo  [email protected]

Participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, lo que sigue. FOTO: Milton Gabriel Hernández García

Después del “insurrección pacífica electoral” que llevará al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la Presidencia de la República y a contar con la mayoría en el Congreso de la Unión, surgen interrogantes sobre cómo se llevará a la práctica la llamada “cuarta transformación”. En lo que respecta a las demandas históricas de los pueblos indígenas, de entrada es un signo de esperanza el que Andrés Manuel López Obrador haya nombrado al abogado mixe Adelfo Regino como el encargado de coordinar la agenda en esta materia.

En el documento “Por el reconocimiento de los pueblos indígenas en el renacimiento de México” se exponen algunos elementos del nuevo horizonte que se prefigura para los pueblos indígenas a partir del 1º de diciembre. El documento parte del reconocimiento de que México es una nación pluricultural, que 25 millones de personas se autorreconocen como indígenas (21% de la población), de las cuales 7 millones mayores de 3 años habla una lengua originaria (6.5% de la población). También se reconoce que los pueblos indígenas constituyen sujetos históricos preexistentes al Estado mexicano y que “después de cinco siglos de colonización, viven en graves condiciones de exterminio, pobreza, discriminación, exclusión y desigualdad”. Al haber sido protagonistas y al mismo tiempo excluidos de las tres transformaciones anteriores (la Independencia, la Reforma y la Revolución), en este momento histórico están convocados a ser actores fundamentales de la “cuarta transformación”, asegurando que esta historia de exclusión no se vuelva a repetir. 

Un elemento central de la nueva relación entre el Estado, la “sociedad nacional” y los pueblos indígenas es la armonización legislativa para materializar el “reconocimiento integral, transversal e intercultural” de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución y en las leyes reglamentarias, incorporando los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. También se retomarán las resoluciones judiciales en la materia emitidas por la Suprema Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se reconocerá el pluralismo jurídico y se considera como un aspecto fundamental el reconocimiento específico de los derechos del pueblo afrodescendiente, nuestra tercera raíz. La armonización jurídica debe garantizar “el ejercicio del derecho de libre determinación y autonomía en todos los ámbitos y niveles”. Este planteamiento parte del Proyecto de Nación 2018-2024 de AMLO, en donde dice: “hay un compromiso con el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar y se promoverá la incorporación integral a la Carta Magna y a las legislaciones locales de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas reconocidos por las leyes y tratados internacionales” (pp. 320 y 321).

Ello implica el reconocimiento a los pueblos que ya se han declarado autónomos. En palabras de Adelfo Regino: “Tiene que haber reconocimiento, respeto a los procesos de autonomía, de organización en los pueblos indígenas de México. Esta lucha tan importante que han dado nuestros hermanos zapatistas en las juntas de gobierno, sus municipios autónomos, también está el esfuerzo de Cherán Michoacán, donde ellos ya han elegido a sus autoridades bajo sus propias normas, tienen un sistema de autogobierno” (El Sol de México, 23/07/18).

Se propone también reactivar en el debate público la agenda sustantiva de los pueblos indígenas  a partir de 19 ejes: 1) Los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y su reconstitución integral; 2) El derecho de libre determinación y como una expresión, la autonomía en sus distintos niveles y ámbitos; 3) Derechos de las mujeres indígenas; 4) Derechos de los migrantes indígenas, tanto en territorio nacional como en el extranjero, con especial énfasis en los jornaleros agrícolas; 5) Derechos de la niñez, adolescencia y juventud indígena; 6) Adultos mayores y personas con discapacidad; 7) Reconocimiento del pueblo afromexicano; 8) Sistemas normativos indígenas, armonización con el sistema jurídico nacional y acceso efectivo a la jurisdicción del Estado; 9) Seguridad comunitaria y resolución de conflictos; 10) Participación y representación política de los pueblos indígenas; 11) Consulta y consentimiento libre, previo e informado; 12) Tierras, territorios y bienes o recursos naturales, biodiversidad, medio ambiente y cambio climático; 13) Desarrollo integral, intercultural y sostenible; 14) Soberanía y autosuficiencia alimentaria; 15) Patrimonio cultural, conocimientos y tecnologías tradicionales y propiedad intelectual; 16) Educación comunitaria, indígena e intercultural; 17) Salud y medicina tradicional; 18) Comunicación, telecomunicación y radiodifusión indígena y comunitaria; 19) Capítulo indígena en el TLC.

Un componente fundamental de la propuesta de la próxima administración es la creación de una nueva institucionalidad gubernamental con relación a los pueblos indígenas, lo que implicará la renovación y el rediseño de las instituciones del Estado que atienden sus demandas. Será consustancial la puesta en marcha de políticas “públicas desde una perspectiva integral, transversal, intercultural y regional”. Ello implica la creación de un nuevo organismo público nacional, cuyo mandato será “diseñar, planear, implementar, coordinar y evaluar las políticas relacionadas con pueblos indígenas y en coordinación con ellos”. Será la responsable de la implementación de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la legislación nacional e internacional, así como de la creación de un “Sistema Nacional de Información de Pueblos y Comunidades Indígenas y sus Instituciones y Formas de Gobierno”, base para su reconocimiento como sujetos de derecho. Esta instancia coadyuvará en los procesos de construcción de autonomías y la reconstitución de los pueblos indígenas, muchos de ellos desgarrados por la violencia, el empobrecimiento, la migración o los despojos territoriales. Tendrá la responsabilidad de acompañar el diseño, ejecución y evaluación de los programas y proyectos de desarrollo integral en las regiones indígenas.

Regino ha señalado que en todo el país se realizarán planes de desarrollo regional a partir de las necesidades y demandas de pueblos y comunidades. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas se responsabilizará de la coordinación y colaboración con las demás entidades del poder ejecutivo federal, las entidades federativas y los municipios, “con el objetivo de facilitar la instrumentación de la transversalidad de las políticas públicas”, así como dar una atención regionalizada a los 68 pueblos indígenas del país. Se encargará de implementar proyectos, acciones y estrategias para la defensa y salvaguardia de los “derechos de los migrantes originarios de pueblos y comunidades indígenas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional”, así como de vincular el diseño de las políticas públicas con las investigaciones académicas en la materia. Buscará promover “las expresiones culturales y artísticas de los pueblos indígenas como patrimonio nacional y de la humanidad”. Esta nueva institución “será una dependencia de la administración pública federal centralizada, que sustituiría a la actual CDI”. Los centros coordinadores para el desarrollo indígena ahora serán “instancias de coordinación y operación regional de las políticas públicas del gobierno federal, a partir de la planeación territorial y de la participación de los pueblos indígenas”. También serán las instancias encargadas de concretar la transversalidad de los diversos programas de todas las dependencias. Según ha señalado Regino en diversos medios, uno de los principales objetivos será dotar al nuevo instituto de facultades para “disolver los conflictos agrarios, los cuales han desencadenado innumerables asesinatos y desapariciones de líderes indígenas”, pero también para revisar “los planes y programas educativos, para que garanticen la educación indígena intercultural. Que sea acorde a nuestras culturas, que no sea más esta educación que tiende a la castellanización o a la desaparición de nuestras culturas y lenguas, porque para eso ha servido la educación en este país.”

Otro componente de la propuesta es lograr por primera vez un “presupuesto justo, integral y transversal suficiente”, bajo un enfoque compensatorio y de equidad. Se buscará garantizar que en el Presupuesto de Egresos dirigido a pueblos indígenas (Anexo 10 del PEF), se mantenga como mínimo el asignado en el 2016 (85 mil millones de pesos), ya que en 2017 fue de apenas 74 mil millones y en 2018 subió solo hasta 80 mil millones de pesos. En materia presupuestal “deberá existir flexibilización, accesibilidad y pertinencia económica, social y cultural en el ejercicio de los recursos federales y en las reglas de operación de todos los programas relacionados con pueblos indígenas”.

Respecto al tema de la participación y la consulta indígena en cualquier tipo de proyecto legislativo o de desarrollo, el compromiso del gobierno es que se “garantizará la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en los términos establecidos en la legislación internacional en la materia. Se realizará un proceso de diálogo y consulta con los pueblos a fin de que sean tomadas en cuenta sus demandas, propuestas y planteamientos en relación con el proceso de reforma constitucional, legal e institucional; sobre sus planes de vida en el ámbito comunitario, municipal y regional y todas las medidas administrativas susceptibles de afectar sus derechos fundamentales”. Respecto a los llamados megaproyectos mineros, hidroeléctricos, de infraestructura, de hidrocarburos o de cualquier otra índole que se hayan implementado en el actual sexenio y en los anteriores, “se considera urgente la revisión de todas las concesiones, permisos y proyectos que transgreden los derechos de los pueblos indígenas, en particular sus derechos territoriales y la consulta indígena”.

La propuesta también considera la creación de instancias y mecanismos para la participación y representación de los pueblos indígenas, “integradas por representantes nombrados en función de sus propias instancias de decisión, criterios etnolingüísticos, regionalización y asentamiento físico”. En concreto, se propone la creación de una “Circunscripción Electoral Especial de los Pueblos Indígenas”, a fin de garantizar su representación efectiva en el Congreso.

En el “II Encuentro Nacional por la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas de México” realizado el pasado 28 de julio en Oxchuc Chiapas, ante una multitudinaria asamblea de este pueblo tzeltal y ante representantes de Cherán y Ayutla de los Libres, Adelfo Regino, junto con María Luisa Albores, futura titular de la Secretaría de Desarrollo Social, asumió el compromiso de retomar los acuerdos de San Andrés de Larrainzar y de  promover las reformas constitucionales necesarias para hacer efectivos los derechos de los pueblos originarios de México. Una vez más desde el sureste se dibujó un nuevo horizonte cargado de esperanza para los pueblos indígenas de nuestro país. Sin duda tendrá resonancia entre los pueblos originarios de Abya Yala que durante siglos han luchado contra el colonialismo y por su emancipación.

opiniones, comentarios y dudas a [email protected]

jornadadelcampo     La Jornada del Campo     la_jornada_del_campo