ILUSTRACIÓN: Alianza Mexicana contra el Fracking

¿Quiénes decidirán el futuro
del agua en el campo?

Elena Burns Integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida  http://aguaparatodos.org.mx/

En los próximos meses se determinarán las condiciones bajo las cuales las comunidades continuarán luchando por sus aguas frente a los embates de los grandes intereses mineros, energéticos, embotelladores, agroexportadores y privatizadores. En el centro del debate está la pospuesta Ley General de Aguas.  La moneda está en el aire.

Desde la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales en 1992, la Comisión Nacional del Agua ha facilitado el despojo masivo de las aguas de los pueblos indígenas y núcleos agrarios del país a favor de los grandes “intereses.”  Esta ley, junto con un paquete de leyes en materia minera, forestal y del agro, fue aprobada como precondición para la entrada al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.  Su objetivo principal fue reemplazar las complejas formas de tenencia del agua en México (incluyendo dotaciones ejidales y comunales por decreto presidencial, documentos primordiales y ocupación continua) con un sistema único de concesiones, siendo objetos de libre compra y venta.

Por principio, la Ley de Aguas Nacionales (LAN) desconoce y busca borrar los derechos de los pueblos indígenas a sus fuentes históricas del agua. Según el artículo 22 de la LAN, los derechos a una fuente de agua se otorgan a quien solicita primero su concesión. Así es que las fuentes manejadas por los pueblos fueron registrados sin su conocimiento en nombre del gobierno municipal o estatal, o de algún cacique.  Se han reportado casos en ambas fronteras en donde los caciques consiguieron el título de concesión del manantial del pueblo, lo cercaron, dejaron de cuidarlo y se secó.

Las dotaciones de aguas y tierras por decreto presidencial a ejidos y comunidades representan una forma de tenencia más fuerte que la concesión. Sin embargo, la LAN exige que inscriban sus derechos como concesiones, con una caducidad de entre 10 y 30 años.  En este momento, 50 mil concesiones a aguas nacionales han caducado, casi todas siendo de ejidos, comunidades y sistemas comunitarios que nunca se imaginaban, correctamente, que sus derechos históricos se podrían extinguir.

Aunque las comunidades indígenas y los núcleos agrarios con concesiones “caducas” siguen en posesión de sus fuentes, se las pueden quitar en cualquier momento. El municipio o estado puede desviar las aguas para cualquier “uso público-urbano”, incluyendo embotelladores, minería o fracking.  La Conagua puede concesionar a terceros fuentes no registradas o basadas en concesiones “caducas”, generando conflictos de gran magnitud, o incluso puede concesionar a un tercero un volumen ya concesionado a un pueblo.

Ese es el caso del pueblo indígena de San Pedro Tlanixco, en el Nevado de Toluca, que perdió acceso total a su fuente de agua cuando la Conagua volvió a concesionar sus aguas a la Asociación de Floricultores de Villa de Guerrero, quién entubó el agua arriba del pueblo. Cuando uno de los floricultores perdió la vida al caer en una barranca al huir de un fallido intento de agredir al pueblo, seis de los integrantes de la comisión de negociación con la Conagua fueron sentenciados a 50 años en la cárcel en donde siguen hasta la fecha.  

El despojo de los pueblos se aceleró a partir de 2004, cuando la LAN fue reformada para dar pie a la creación de “Bancos del Agua” con el fin de facilitar la transmisión de concesiones. Según personal del Banco del Agua de Valle de México, la oferta proviene principalmente de las concesiones caducadas de los ejidos y comunidades, sin importar que la cuenca y sus acuíferos son vedadas y sobrexplotadas. 

La reforma constitucional reconociendo el derecho al agua dio al Congreso de la Unión hasta febrero 2013 para reemplazar la actual ley con una Ley General de Aguas, centrada en el derecho al agua.  En lugar del actual esquema, la Constitución exige que la nueva ley establezca un sistema participativo que reasignaría las aguas nacionales para lograr el acceso equitativo y sustentable. 

A partir de la reforma constitucional en febrero 2012, surgió un proceso ampliamente participativo para diseñar la ley que México necesita. En talleres y foros por todo el país se han ido consensando las instancias de toma de decisión y los instrumentos de planeación, gestión, defensa y contraloría, incluyendo la prohibición de la minería tóxica y el “fracking”, requeridas para poner fin a la sobreexplotación, la contaminación, el acaparamiento, el despojo y la discriminación en el acceso al agua. 

La Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas propone reemplazar a la Conagua, institución autoritaria y privatizante por esencia, con un Consejo Nacional de Aguas y Cuencas. Este Consejo se basaría en Consejos en cada una de 28 regiones, en los cuales tendrían voz y voto las y los representantes de asambleas de pueblos indígenas; de núcleos agrarios; de sistemas comunitarios; de afectados por la contaminación, la sobreexplotación, la discriminación y megaproyectos que vulneran el derecho al agua; de investigadores y OSC; de juntas municipales; de representantes de cuerpos de agua y ecosistemas vitales incluyendo forestales; y de procesos productivos sustentables, juntos con los representantes de los tres niveles de gobierno.

Una primera tarea de esta nueva institucionalidad será el reconocimiento de los derechos (sin el artificio de la concesión) de los pueblos indígenas a las aguas en sus territorios, así como los derechos inalienables e inembargables de los núcleos agrarios a sus aguas como parte integral de sus tierras. 

Frente a la gran expresión de voluntad popular el 1 julio y el flagrante desacato del Congreso 2012-2018, se espera la pronta aprobación de una Ley General de Aguas que garantice voz, voto y fuertes instrumentos de defensa para los pueblos y las comunidades rurales, quienes, al defender sus derechos al agua, están defendiendo los derechos de tod@s. 

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