Oportunidades y pendientes

La sociedad civil ante el
nuevo entorno gubernamental

AMLO, predilección por movimientos sociales corporativizados y recelo hacia “la sociedad civil fifí”. FOTO: Roberto García Ortiz

Fundación Heinrich Boell

Quizá la victoria de Andrés Manuel López Obrador y de las fuerzas políticas agrupadas en la coalición Juntos Haremos Historia no fue una sorpresa. Lo inesperado fue el amplio margen de ventaja –descrito como un tsunami- y el temprano reconocimiento público de su derrota que hicieron José Antonio Meade y Ricardo Anaya.

Vale la pena llamar la atención sobre la predilección de AMLO por los movimientos sociales corporativizados (sindicatos, organizaciones campesinas, de comerciantes, entre otras) que se han constituido en una importante base social de su movimiento. En contraste, ha declarado públicamente su recelo hacia “la sociedad civil fifí”, organizaciones con financiamiento externo, altamente profesionalizadas y con buena capacidad de incidencia; es decir, parte del tipo de organizaciones con las que trabaja la Fundación.

El enorme respaldo social que conlleva la alta participación electoral puede despertar en el nuevo gobierno la tentación de prescindir de este tipo de organizaciones. Un importante reto para las organizaciones de la sociedad civil (OSC), en estos meses de transición y una vez que el nuevo gobierno asuma sus funciones será encontrar los canales y formas adecuadas para el diálogo y para mantener la autonomía en sus acciones y opiniones.

Por otra parte, existe la posibilidad de la incorporación como funcionarios en las nuevas estructuras gubernamentales de un buen número de profesionales de la sociedad civil organizada. En primera instancia, esto abriría una oportunidad para incrementar la influencia de la sociedad civil y hacer valer sus causas. Sin embargo, el movimiento de cuadros calificados de la sociedad civil al gobierno, como se vivió en el Distrito Federal cuando llegó al poder Cuauhtémoc Cárdenas, significará también una fuga de capacidades y la desintegración de equipos de trabajo que podría conllevar el riesgo de que algunas iniciativas de la sociedad pierdan aliento.

La experiencia de Brasil presenta algunas posibles y preocupantes analogías. En su primer mandato, el presidente Lula da Silva resultó electo con fuerte apoyo de movimientos y organizaciones sociales. Muchos dirigentes de la sociedad civil crítica aceptaron sumarse al gobierno federal y estatales liderados por el Partido dos Trabalhadores. A la vuelta de algunos meses muchos de ellos se encontraron frustrados por la continuidad del modelo y no pocos abandonaron el servicio público. Parte de la sociedad civil quedó debilitada debido, entre otras cosas, a la salida de sus mejores cuadros y a una autocensura para no criticar a un gobierno “popular” y “de los movimientos”. Esta tendencia se fortaleció con el avance de la derecha y las crisis que sacudieron a los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff y terminaron por derrocar al de esta última.

Un nuevo régimen que, aparentemente, reivindica las mismas causas sociales que defienden las OSC puede llevarlas a limitar su capacidad para la necesaria crítica. En México se han visto confrontaciones entre funcionarios procedentes de la sociedad civil y quienes continúan en las organizaciones por el liderazgo en alguna iniciativa e incluso por alguna solicitud directa de no criticar la labor gubernamental, en una especie de esquizofrenia entre ser servidor público y pensarse integrante de la sociedad civil organizada.

El grupo de organizaciones ambientalistas, de derechos humanos y comunitarias que promueven la agenda de interés de la fundación, ya ha reaccionado a este desafío y está participando en una sana discusión pública sobre las asimetrías de recursos a los que tienen acceso y el papel que deben jugar frente al nuevo gobierno.

La reconfiguración política

Para muchas organizaciones, el nuevo escenario supondrá la oportunidad de retomar la discusión pública de temas clave en espacios “oficiales”, proceso que en años recientes perdió aliento. Está por verse si la incorporación de actores de la sociedad civil en el gobierno representa, efectivamente, la apertura de nuevos espacios de diálogo e intercambio.

Es fundamental que las OSC sean capaces de articular una agenda común y discutir abiertamente los temas en los que haya diferencias, para mantener su rol de contrapeso, la mirada crítica y la exigencia de rendición de cuentas, como se dio con la campaña #FiscalíaQueSirva o durante las discusiones en torno a la Ley General de Biodiversidad y los decretos de reservas de agua.

El proceso electoral dejó su rastro y, entre quienes manifestaron afinidades con uno u otro candidato, también hubo distanciamientos. Construir una agenda común y estrategias conjuntas de incidencia cobra particular importancia para las OSC por la contundente mayoría de votos que Juntos Haremos Historia tendrá en el Congreso, lo que pondrá a esa coalición en la posibilidad de aprobar cualquier iniciativa.

Será necesario analizar, más allá de las bancadas, a las personas que resultaron electas, sus temas de interés, mecanismos de coordinación y vías de entrada para los temas que las OSC buscan impulsar. Será imprescindible identificar las fuerzas dentro del Congreso que representen un obstáculo o una amenaza. Es importante observar el avance de un fenómeno conocido en otros países: la presencia legislativa del evangelicalismo político conservador. Aunque pierda su registro a nivel federal, el Partido Encuentro Social (PES) multiplicará el número de sus diputados de 10 a 55 y contará con siete senadores. La pérdida de registro de los partidos satélites anuncia una reconfiguración del sistema partidista y reformulaciones en la izquierda y la derecha.

Otro gran reacomodo será el de los funcionarios públicos. En el área económica financiera, los funcionarios “ultraliberales” que han definido las políticas económicas de los pasados 35 años deberán dar paso a homólogos más proclives a la intervención estatal en el mercado interno y a las políticas redistributivas.

La descentralización de secretarías de Estado puede explicarse como una manera de fomentar el desarrollo regional articulando “centros de poder”, que podrán incluir o no a los pueblos y comunidades que han estado al margen de las obligaciones del Estado. Serán de especial relevancia los mecanismos de participación en la relación de la federación con los estados y municipios, así como los modelos de intervención en diversos ámbitos: seguridad, salud, política social, educación.

La dispersión del poder del Ejecutivo puede propiciar rupturas en las articulaciones que la sociedad civil ha construido para llevar los problemas locales al interés nacional (en el caso del fracking y los grandes proyectos hidroeléctricos o con la desaparición de personas). Para las OSC y think tanks basados en la Ciudad de México será fundamental fortalecer sus vínculos con organizaciones en los estados y comunidades en los territorios e impulsar el trabajo efectivo en red o dar paso a una organización no centralizada en la capital.

Hasta aquí hemos reflexionado en las propuestas desde la estructura del Ejecutivo y el Legislativo. Otra cosa son los territorios. Una tarea ineludible para las organizaciones será acompañar y dar un seguimiento puntual a la manera en que el cambio de gobierno repercutirá en las comunidades, para dirigir la atención a los elementos que hagan falta en la construcción de un desarrollo sostenible con respeto a los derechos humanos.

La agenda ambiental

La sociedad civil está a la espera de pronunciamientos específicos en temas ambientales: gestión de la infraestructura energética y el agua, bienes comunes sobre los cuales convergen las presiones y los intereses de las comunidades, las cúpulas empresariales e incluso el crimen organizado.

Si los nuevos funcionarios y legisladores incluyen personas vinculadas a movimientos sociales y territoriales será una oportunidad para estos y las OSC que les acompañan de discutir y priorizar la agenda ambiental. Por ejemplo, los polémicos decretos de Reservas de Agua emitidos por Peña Nieto podrían ser derogados de inmediato. También es pertinente una discusión más amplia sobre la Ley de Aguas.

AMLO en la inauguración de los foros 'Escucha' en Ciudad Juárez.

López Obrador no se ha presentado como ambientalista y no hay señales de que se vaya a poner un freno a la extracción de recursos. Las empresas mineras ya se están organizando para estimular la industria a través de una nueva política minera. Sin embargo, con la mayoría que Morena tiene en el Congreso podría plantearse una reforma a la Ley Minera que quite la preeminencia a esta actividad. Desde la Secretaría de Economía se ha promovido su importancia como un motor económico, sin embargo, una Secretaría independiente obligaría a revisar su compatibilidad con las políticas de medio ambiente, de desarrollo territorial y urbano, y a enfrentar los pasivos ambientales y los devastadores impactos que ha dejado en materia social.

El Anuario de las Actividades Extractivas en México, de Fundar, señala que la operación de las empresas mineras no ha traído prosperidad a los municipios; por el contrario, ha acentuado sus problemas y desigualdad. Si el nuevo régimen se plantea un modelo que distribuya mayores beneficios entre las personas, habrá que discutir con profundidad la utilidad y el propósito de extraer los energéticos y minerales, ponderando los costos ambientales y sociales que, en los hechos, las comunidades han venido asumiendo.

La centralidad de los combustibles fósiles en las propuestas apunta a la perpetuación de la matriz energética basada en hidrocarburos y a que el país siga dependiendo de estos como fuente de ingresos -independientemente de si su explotación la hacen empresas mexicanas o extranjeras. Dentro del gobierno se puedan dar tensiones que no dejen avanzar hacia la transición energética. Las propuestas presentadas durante la campaña para el desarrollo de infraestructura para la transformación, transporte y combustión de hidrocarburos contrastan con la agenda de defensa del territorio, con el combate al cambio climático y los compromisos internacionales de México en el tema.

Es difícil esperar un cambio de timón cuando las noticias más recientes giran en torno al impulso a nuevas exploraciones, licitaciones y contratos para exploración de combustibles no convencionales y, en general, el avance de la Reforma Energética. Retomar el interés por una integración energética con los Estados Unidos puede mantener esta tendencia.

Al mismo tiempo, se ha generado expectativa ante la propuesta de Morena para una estrategia integral de transición energética, articulada con las políticas ambientales y de cambio climático y con los sectores industrial, agrícola y comercial. Su puesta en marcha lanzaría una buena señal y podría impulsar a las energías renovables y a la generación distribuida de energía.

Democracia y derechos humanos

Tocará a las OSC empujar para que se despejen las ambigüedades en lo que tiene que ver con democracia, ciudadanía, gobernabilidad y derechos humanos.

La amplia participación y margen de ventaja en las elecciones permitieron hablar de victoria sin traer a la discusión pública el tema de la violencia política. La presencia de los poderes fácticos, en particular el crimen organizado, fue funesta para el proceso electoral. El crimen actuó como un partido sin registro, con gran éxito. A través de una violencia nunca antes vista -más de 130 candidatas y candidatos locales asesinados-, el crimen organizado “eligió” alcaldes, regidores y otros mandatarios para gobernar conforme a sus intereses. Este factor fue una de las grandes omisiones en los discursos del 1° de julio y los días siguientes y representa una enorme condicionante para futuros aspirantes a gobernar o impulsar cambios, aun cuando cuenten con respaldo mayoritario.

En forma similar, se soslayó una amplia gama de delitos electorales: compra de votos, robo de urnas, condicionamiento, financiamiento ilegal e intervención de empresarios. Estos problemas persisten y solo la amplia ventaja de la coalición ganadora y el reconocimiento temprano de quienes perdieron evitaron mayores confrontaciones.

En materia de derechos sexuales y reproductivos los retos no son menores. El presidente electo ha hablado de respeto al matrimonio igualitario y a todas las preferencias sexuales, pero se ha cuidado de asumir una posición respecto al aborto. Permanece la incógnita sobre cuál será el efecto de la alianza con el PES en materia legislativa en estos temas.

Por primera vez se logró paridad de género en ambas cámaras. Sin embargo, el hecho de que existan más mujeres en puestos de decisión no significa automáticamente un avance en materia de equidad de género. Hay mujeres con agendas conservadoras y falta una mayor comprensión de lo que la perspectiva de género implica, así como integrarla de manera transversal en los planes y políticas de gobierno, más allá de las medidas aisladas de paridad y políticas rosas.

En materia de seguridad continúan pendientes las definiciones para abordar la problemática a escala local, los términos de la relación con las fuerzas armadas y sus implicaciones en la Ley de Seguridad Interior.

Un tema urgente es la “reconstrucción” institucional de la Fiscalía, actualmente en ruinas. El equipo de transición se ha manifestado por que sea el presidente quien proponga una terna de personas “intachables” para el puesto y el Senado seleccione a la más adecuada. Este tema será un punto de tensión con el colectivo que reivindica la necesidad de una fiscalía autónoma como pilar de la lucha contra la impunidad. Sin embargo, al menos se ha establecido un canal de interlocución entre las organizaciones y el equipo de transición, de manera que está por definirse el camino de la procuración de justicia.

De acuerdo con diversas organizaciones, no existen las condiciones para que el Estado combata eficientemente la corrupción estructural del país. Por ello han propuesto la creación de una Comisión de la Verdad, para investigar los crímenes cometidos en las pasadas administraciones y el involucramiento de las autoridades, así como la creación de un mecanismo internacional contra la corrupción. Aunque durante su campaña López Obrador se pronunció a favor de estas medidas, queda un largo camino por recorrer, en caso de que se mantenga esa disposición, para discutir y concretar tales mecanismos. Toca a organizaciones promover las propuestas que han trabajado.

En cuanto a la relación con los medios de comunicación, habrá de buscarse un equilibrio en la revisión del ejercicio del gasto en publicidad y la reorientación de la comunicación gubernamental, para que ésta sirva a la sociedad en vez de ser un mecanismo de promoción o para reprimir voces críticas. Los atentados a la libertad de expresión y la operación del mecanismo de protección deberán retomarse y ampliarse.

Un tema ausente es el de las personas desaparecidas y la falta de interés para resolver los casos. Gracias a la presión de los colectivos de familiares se logró que la actual administración aprobara una ley para la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda, fiscalías especializadas, los programas de Búsquedas y de Exhumaciones e Identificación Forense y la coordinación de las autoridades. Es fundamental que el nuevo gobierno defina su posición, corrija las fallas y asigne un presupuesto suficiente para vislumbrar justicia para esta enorme herida.

Habrá que analizar en el mediano y largo plazo si este tsunami de participación ciudadana representa una maduración de la democracia en México o fue solamente una expresión masiva de desaliento acumulado. Más allá de estas implicaciones, los resultados del proceso electoral traen consigo un nuevo sentido de posibilidad de lograr cambios a través de la vía democrática y enormes expectativas de remontar los problemas de desigualdad social, violencia y despojo de los recursos naturales del país.

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