Los defensores de derechos ambientales son uno de los grupos más vulnerable y en riesgo de perder la vida a causa de sus actividades. Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó a los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las gestiones necesarias para la pronta firma del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.

Esto, con el fin de que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos ambientales puedan actuar sin amenazas ni restricciones.

Este acuerdo surgió en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), y se fundamenta en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de 1992, que tiene como base el derecho a acceder en forma oportuna y efectiva a la información ambiental, a participar en la toma de decisiones que afecten el medio ambiente y a la justicia para asegurar, en su caso, la reparación integral de daños.

El marzo pasado se adoptó, en la ciudad de Escazú, Costa Rica, dicho acuerdo, que estará abierto a la firma de los países participantes a partir del próximo 27 de septiembre en la sede de la ONU.

Puede consultarse