Incrementar las cotizaciones de los trabajadores y los años de antigüedad para tener derecho a una jubilación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), son decisiones que en algún momento se van a tomar para garantizar la continuidad de esta prestación y por una realidad indubitable: hace 20 años por cada 20 empleados activos había un pensionado; ahora la relación es de dos a uno, advirtió Jorge Erick Pérez Pérez, director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del organismo.

Señaló que las decisiones que se tomen en el futuro deberán atender, primero, la situación legal y financiera del organismo y evitar acciones populares “que pueden ser padrísimas”, pero insostenibles.

En entrevista, el funcionario explicó que este año el Issste pagará 212 mil millones de pesos en las pensiones y jubilaciones de 1 millón 160 mil trabajadores en retiro. Debido a que los ingresos del instituto son insuficientes para cumplir con esta obligación, cada año recibe transferencias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Se trata de las pensiones obtenidas con base en la normatividad anterior a la reforma de la Ley del Issste de 2007 y la de los trabajadores que optaron por los beneficios del artículo décimo transitorio de la ley, según el cual, aunque con acotaciones, los servidores públicos tienen derecho a una pensión, cuyo monto se calcula sobre su salario base de cotización y los años de servicio.

Los empleados que ingresaron a partir del primero de abril de 2007 –día en que entró en vigor la nueva ley– se incorporaron al sistema de cuentas individuales, lo cual significa que su ingreso para el retiro dependerá del ahorro que hayan hecho durante su vida laboral.

Respecto a las modificaciones que las instituciones de seguridad social deberán realizar en el futuro, Pérez Pérez explicó que desde 2013 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que la viabilidad de los sistemas pensionarios dependerá de que se hagan los cambios señalados (aumentar la edad de retiro y la aportación de los trabajadores), así como fomentar la cultura del ahorro y generar políticas públicas en favor de los adultos mayores.

En el caso del Issste, resaltó que al inicio de esta administración, el pago de pensiones y jubilaciones era por 130 mil millones de pesos. Para 2018, se requieren 80 mil millones de pesos más y así seguirá creciendo hasta el año 2037 cuando se alcanzará el pico máximo de trabajadores en retiro con los beneficios del artículo décimo transitorio de la ley.

Actualmente la mitad de los servidores públicos en activo, alrededor de dos millones, tienen derecho a este esquema.

De ahí que las recomendaciones de la OCDE son atendibles y necesarias, aunque para ponerlas en práctica se requiere que el Congreso de la Unión apruebe las modificaciones legales que correspondan.

Cambios de este tipo ya se han aprobado en otros países, pero en México no hemos llegado al punto de inflexión que obligará a decidir si se hace el cambio o colapsa el sistema. Por ahora, dijo, ha funcionado que hemos sido cuidadosos y más eficientes en la recaudación y el uso de los recursos.