El cambio de gobierno en México, el próximo primero de diciembre, anticipa un punto de inflexión político y económico que podría trazar la dirección que tomará el país en la siguiente década, consideró Standard and Poor’s Global Ratings (S&P).

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el inicio de una nueva administración federal modificarán el entorno de negocios en México, apuntó la firma calificadora. Las empresas mexicanas tendrán que ser más flexibles para ajustarse a la política económica del nuevo gobierno, al tiempo que seguirán expuestas a otros riesgos domésticos e internacionales, añadió.

A partir de los anuncios realizados hasta ahora, S&P consideró que el pragmatismo es una de las características que tendrá el próximo gobierno. La nueva administración probablemente fortalezca el papel del Estado en temas económicos, pero sin llevar a cabo un cambio sustancial hacia políticas antimercado o populistas, comentó la firma financiera.

Esperamos que la política fiscal siga siendo cautelosa y que evite grandes desequilibrios, y que dé continuidad a las políticas monetaria y cambiaria (la primera es responsabilidad del Banco de México y la segunda del propio banco central y la Secretaría de Hacienda).

El pragmatismo será importante para mantener el crecimiento económico y los fuertes vínculos económicos de México con Estados Unidos, añadió.

Después de varios años de caída en la inversión pública, S&P destacó que las propuestas presentadas por Andrés Manuel López Obrador buscan aumentar la inversión en obra pública e infraestructura, así como mayor desarrollo del sector de la vivienda; incrementar el ingreso familiar que estimule el consumo privado; afrontar la corrupción y fortalecer el marco legal; además de abordar los problemas de seguridad pública en el país.

Durante su campaña presidencial, López Obrador expresó su escepticismo respecto de la apertura del sector de energía de México a empresas privadas desde 2013, así como hacia la construcción del Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México, recordó S&P.

Sin embargo, en opinión de la calificadora, el desarrollo del sector de energía, que podría ser la principal fuente de inversión privada, impulsaría el crecimiento del producto interno bruto, la creación de empleos y los ingresos del sector público.

En nuestro escenario base no prevemos grandes cambios en la estrategia energética del país en el corto plazo, planteó. Consideró que el nuevo gobierno tendrá incentivos para aprovechar la flexibilidad derivada de la reforma energética para atraer inversión privada al sector. Además, consideró poco probable que el país elimine la actual estrategia para incrementar la generación de energía con el uso de gas importado de Estados Unidos en el corto plazo.

Por otra parte, las propuestas para incrementar la capacidad hidroeléctrica y el compromiso de continuar con el desarrollo de fuentes alternas de electricidad deberían traducirse en nuevas oportunidades de inversión en el sector, indicó S&P.

López Obrador ha señalado la dependencia de México de la importación de gasolina de Estados Unidos como una preocupación. Aunque la nueva administración podría reconsiderar los planes existentes para la integración de energía con Estados Unidos; particularmente, el nivel de importación de productos de petróleo refinado, tendría que analizar la significativa inversión y el potencial rendimiento de las inversiones, involucrada en el desarrollo de la nueva capacidad de refinación con el propósito de reducir la dependencia energética, dijo.