La sentencia de amparo otorgada por la justicia federal a una de las sobrevivientes de la masacre ocurrida el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, estado de México, pone en evidencia los riesgos de mantener la Ley de Seguridad Interior para que las fuerzas armadas sigan realizando labores de seguridad pública.

Así lo consideraron Clara Gómez, quien logró sobrevivir, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), representante legal de la víctima.

Como publicó ayer La Jornada, el fallo del juez decimocuarto de distrito de amparo en materia penal, Érik Zabalgoitia Novales, que ordena a la Procuraduría General de la República (PGR) rencausar el expediente, realizar una investigación adecuada ante la ineficacia y las omisiones cometidas en las indagatorias y, sobre todo, que se profundice en la cadena de mando de la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad, que guio a los soldados participantes en el operativo de Tlatlaya, donde habrían sido ejecutadas de manera arbitraria al menos entre 12 y 15 personas.

Con esta sentencia se ilustran los riesgos de la Ley de Seguridad Interior, que dota de mayores facultades a la fuerzas armadas en labores de seguridad pública sin que haya contrapesos ni salvaguardas extraordinarias”, señalaron la víctima y sus representantes legales.

Agregaron que la falta de rendición de cuentas de los elementos militares y el abuso de la fuerza han sido una constante desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico.

Demandaron cerrar esta etapa que ha causado inconmensurables pérdidas y dolor a centenares de miles de familias en México, para ello es indispensable hacer un cambio del paradigma de seguridad, pero también procurar justicia pronta en los casos concretos que han puesto rostro a la grave crisis de derechos humanos en México.

Como detalló ayer La Jornada, a más de cuatro años, la masacre de Tlatlaya se mantiene en la impunidad debido a las ineficiencias de la PGR, como reconoció el juez que otorgó el amparo.

En su sentencia, el juzgador acreditó que no se realizaron diversas diligencias anteriormente ordenadas, que algunas de las que sí se hicieron no son pertinentes ni idóneas, que no se analizaron pruebas provenientes tanto del expediente como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de las propias declaraciones de los militares involucrados, y que no se ordenó recabar nuevas pruebas ni fortalecer la acción penal.

El Centro Prodh remarcó que además las autoridades no han considerado las pruebas ofrecidas por la víctima ni han hecho esfuerzos para investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad, la cual se asienta en un oficio militar que se reveló en el primer aniversario de los hechos.

“Es necesario recordar que debido a la fallida investigación de la PGR, a la fecha no hay ninguna persona rindiendo cuentas ante la justicia al no haber ofrecido las pruebas suficientes para señalar individualmente a los responsables, a pesar de que la propia CNDH acreditó que entre 12 y 15 de las víctimas fueron ejecutadas arbitrariamente; que no se ha establecido con precisión el número de víctimas, y que no se ha castigado a nadie por alterar la escena del crimen. Esta falta de debida diligencia es una de las múltiples formas que toma el inaceptable encubrimiento de graves violaciones a los derechos humanos”, señalaron Clara Gómez y el Centro Prodh.