a sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no tuvo otra opción que avalar el contundente triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las urnas. La participación ciudadana fue tan contundente y la distancia entre el primero y el segundo lugares tan amplia que las instituciones electorales fueron obligadas a aceptar la derrota de la lógica de la simulación burocrática y el fraude sistemático a manos de una ciudadanía cada vez más consciente, participativa y esperanzada.
Pero todavía le quedan algunos coletazos al dinosaurio antes de que caiga definitivamente al piso. En días recientes, varios tribunales electorales locales al servicio del Prianrd han entrado en acción con el fin de cancelar victorias y mayorías ganadas legítimamente por Morena en las urnas. Con enorme cinismo, los magistrados recurren a argumentaciones espurias y disparates jurídicos con el fin de vestir de seda a estos evidentes atropellos a la legalidad, en los estados de México, Guerrero, Nuevo León, Baja California Sur y Ciudad Juárez.
En la entidad mexiquense, frente al pavor del gobernador Alfredo del Mazo de tener que enfrentar a un Congreso opositor, el primo de Enrique Peña Nieto ha torcido el brazo de los magistrados del tribunal electoral local para que borren de un plumazo todos y cada uno de los 10 diputados plurinominales locales que habían sido otorgados a Morena.
Para lograr este fin, los magistrados recurrieron al ingenioso, pero totalmente inaceptable malabar jurídico de equiparar la coalición Juntos Haremos Historia a un partido político. Esta metáfora no encuentra respaldo alguno en la legislación, que en toda ocasión refiere exclusivamente a los partidos y jamás a las coaliciones a la hora de repartir los diputados plurinominales.
En la resolución del expediente JDCL/434/2018 y acumulados, los magistrados jurásicos del estado de México también justifican su decisión recurriendo al inexistente supuesto principio electoral de evitar un dominio exacerbado de las fuerzas políticas mayoritarias
. Extrañamente, jamás se preocuparon por tal principio
durante las décadas en que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dominaba con mano de hierro al mismo Congreso local.
En Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo también ha echado mano de sus palomas mensajeras
para lograr que el tribunal electoral de su estado revocara las constancias de mayoría de dos diputados plurinominales de Morena y uno del Partido del Trabajo. Con este movimiento, los obradoristas casualmente pierden su posición de fuerza mayoritaria, al reducir su presencia de 24 a 21 de los 46 diputados locales.
Estos magistrados también dieron vuelo a su imaginación con el fin de intentar justificar su aberrante fallo. En su resolución del expediente TEE/JEC/102/2018 y acumulados, sacan de la manga un supuesto principio de proporcionalidad pura en que cada partido debería contar con una representación en el Congreso lo más fiel y cercana posible a la votación que ellos obtuvieron en las urnas
.
Este tipo de sistemas sí existen, pero no en México. Son regímenes donde los congresos, o parlamentos, correspondientes son conformados exclusivamente por diputados plurinominales, como es el caso en varias jurisdicciones europeas.
En contraste, en México tenemos un sistema mixto, con una clara prioridad a la representación territorial, ya que en casi todos los congresos hay más uninominales que plurinominales. La representación proporcional existe para compensar por los sesgos de sobre y subrepresentación que suelen surgir a partir de las elecciones por distrito, pero en ninguna parte de nuestro orden jurídico se establece un principio de proporcionalidad pura.
Esta evidente realidad ha sido reconocida y avalada en múltiples ocasiones por los tribunales electorales a lo largo de las décadas recientes. En particular, el PRI ha gozado sistemáticamente de una fuerte sobrerrepresentación tanto en el Congreso de la Unión como en los congresos locales gracias a la mezcla de las dos formas de representación.
Pero ahora que el PRI ha sido reducido a su mínima expresión, de repente los magistrados de consigna se han convertido en férreos defensores de las minorías
e inventan nuevos principios jurídicos que no encuentran fundamentación alguna en la norma.
Todavía falta que las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revisen estas aberrantes decisiones de los tribunales locales. Hagamos votos para que los magistrados federales tengan la valentía de defender la legalidad y la constitucionalidad frente a la evidente politización de la justicia electoral.
Recordemos que el mandato expresado en las urnas el pasado primero de julio no fue solamente en favor de López Obrador y Morena, sino también en favor de la democracia. No solamente el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Judicial, y de manera muy especial los tribunales electorales, deberían también sumarse a la cuarta transformación de la República.
Twitter: @JohnMAckerman
