a abogada Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila de García Villegas (así era mencionada, con los apellidos de su esposo, en la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN: https://goo.gl/rLKwEg) es titular de una notaría pública a cuyo ejercicio directo ha solicitado licencia cuando ha sido menester (la 182, en la calle Prado Sur, de Lomas de Chapultepec. https://goo.gl/fgpzWU), ministra en retiro de la Corte, senadora electa y, si todo transcurre como ha sido anunciado, secretaria de Gobernación a partir del próximo primero de diciembre.

Como ministra en retiro, según lo publicado en el portal Aristegui Noticias por el especialista Ernesto Villanueva, recibe desde 2015 una pensión de 258 mil pesos mensuales, más gastos de representación y el pago de cinco asistentes con sueldos promedio de 40 mil pesos cada uno. Sobra decir, ha comentado Villanueva en ese texto, que salvo las cuestionadas pensiones de ex presidentes, las más cuantiosas son precisamente las de los ministros de la SCJN. Se trata de más de mil por ciento de las más altas pensiones que otorga el Issste a los servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal y en el Legislativo no existe esa figura (https://goo.gl/8rXVVV).

Este sábado, la ministra en retiro Sánchez Cordero declaró que ya había explicado a su jefe, si es que acepta la Secretaría de Gobernación, la inconstitucionalidad de la pretensión de reducir los sueldos de jueces, magistrados y ministros. Aún así, a pesar de una explicación histórica y jurídica de la improcedencia de esa disminución salarial, Andrés Manuel López Obrador insistirá en el tema, según adelantó la jurista (https://goo.gl/bSmiQ5).

López Obrador postuló a Sánchez Cordero para Bucareli como un gesto de amplitud política: ella ingresó a la Corte como parte del grupo impulsado por el entonces presidente Ernesto Zedillo para realizar, mediante un golpe de mano, una reforma en la integración y funcionamiento de la SCJN (donde estuvo 20 años en activo). Enrique Peña Nieto la postuló para ser diputada a nombre de Los Pinos en la pasada Asamblea Constituyente de Ciudad de México e incluso la invitación a encaminarse a Gobernación la tomó mientras era integrante del consejo de administración del Grupo Financiero Banorte, propiedad de los herederos de Roberto González, fundador de Maseca, ahora fusionado el banco correspondiente con Interacciones, de los hermanos Hank González (el 2 de agosto de este año renunció al cargo en el consejo de administración). La ministra asumió el puesto de consejera independiente del grupo financiero el 22 de abril de 2016, a menos de cinco meses de haber dejado la Corte, lo que había sucedido el 30 de noviembre de 2015, en un giro polémico que ha sido señalado como violatorio de las disposiciones del ramo, aunque sin sanción aplicable.

En sentido contrario de la postura de Sánchez Cordero (cuya hija, Paula García Villegas Sánchez Cordero, es magistrada de circuito), el constitucionalista Jaime Cárdenas Gracia, de largo activismo crítico en las filas del lopezobradorismo, ha tuiteado: “La contradicción del artículo 94 –prohíbe reducir el salario de los jueces durante su encargo– y el 127 –nadie puede ganar más que el presidente– se resuelve a favor del último, porque atiende al republicanismo y a la justicia: las diferencias entre los demás y los ministros”. También escribió: “La @SCJN no podrá con la presión social. Tendrán que ajustar sus percepciones a lo establecido en el artículo 127 constitucional. La ilegitimidad por su cerrazón puede ser la causa de una reforma a su composición y organización. La independencia judicial no significa privilegios”.

¿Preferirá AMLO cerrar el capítulo con los ahorros anunciados en la Corte (5 mil millones de pesos) sin que la élite judicial baje sus salarios? ¿Buscará cambiar el artículo 94 constitucional? ¿Intentará una reforma al Poder Judicial de la Federación? ¿Sánchez Cordero optará por el Senado o por Gobernación?

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