En un memorando entregado ayer al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, Amnistía Internacional (AI) presentó observaciones y preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en México, así como una serie de recomendaciones para contribuir a los planes y acciones del nuevo gobierno en esta materia.

El cambio que México necesita requiere que el presidente electo y su equipo coloquen la agenda de derechos humanos como prioridad en las decisiones gubernamentales y revisen aquellas políticas públicas y leyes que hoy representan una amenaza para los derechos de todas las personas, resaltó AI.

Puntualizó que a pesar de algunos avances legislativos e institucionales en años recientes subsisten serios obstáculos en relación con cuestiones como el acceso a la justicia, las desapariciones forzadas, los derechos de los pueblos indígenas y la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos.

De igual manera, persiste una situación muy preocupante en cuanto a la violencia de género contra mujeres, niñas y personas LGBTI, los abusos sufridos por migrantes y refugiados, la fallida estrategia de seguridad pública, así como el uso generalizado de la tortura y otros malos tratos.

AI consideró que la próxima administración podría impulsar cambios sustanciales si garantiza que los avances –sobre todo legislativos– de años recientes se volvieran una realidad palpable para todos.

Sería ello una contribución histórica de las nuevas autoridades para mejorar la vida de millones de personas, indicó.

Algunas de las recomendaciones de AI son reorientar la política de control de drogas en México de un enfoque de militarización y uso de la fuerza pública a uno basado en la protección de los derechos humanos, y presentar al Congreso una iniciativa para abrogar la Ley de Seguridad Interior.

También instó a fortalecer las capacidades técnicas de los cuerpos de policía del país, investigar a cualquier funcionario sospechoso de estar implicado en graves violaciones a garantías individuales hasta que se realice una investigación imparcial e independiente, y crear un mecanismo internacional contra la impunidad para investigar de forma independiente delitos de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidos en México.