Una vez que haya rendido protesta como presidente constitucional del país, Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que el primero de diciembre presentará un paquete de reformas que tipificarán como un delito grave, sin derecho a fianza, la corrupción, el fraude electoral y el robo de hidrocarburos.

Señaló que se turnará una iniciativa de reforma al artículo 108 de la Constitución para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por el delito de corrupción.

Esas propuestas se integran a un conjunto de iniciativas que tienen que ver, por una parte, con el combate a la impunidad, y por otra, con el estado de bienestar, explicó en conferencia de prensa en la que estuvo acompañado de Julio Scherer Ibarra, quien será el consultor jurídico de la Presidencia y trabaja en la elaboración de las citadas modificaciones legislativas.

Quiero ser yo el que envíe estas reformas que van a distinguir y a caracterizar al nuevo gobierno de la República, puntualizó en la casa de transición un día después de haber acordado con el presidente Enrique Peña Nieto el envío al Congreso, en septiembre próximo, de iniciativas para crear la Secretaría de Seguridad Pública y las propuestas para designar a los fiscales general, anticorrupción y para delitos electorales.

En enero pasado, López Obrador dio a conocer las ternas para cada cargo. En la de fiscal general mencionó a Eva Verónica de Gyves, Juan Luis González Alcántara Carrancá y a Bernardo Bátiz. En la de anticorrupción a María de la Luz Mijangos, Diana Álvarez Maury y Ricardo Peralta. Por lo que hace a la de delitos electorales se encuentran María Estela Ríos González, Ernestina Godoy, quien se sabe que estará al frente de la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el primer Congreso de Ciudad de México, y José Agustín Ortiz Pinchetti.

En el paquete de propuestas legislativas contra la impunidad también figuran iniciativas para combatir la corrupción y que haya austeridad. Asimismo, se va a abolir el fuero y se hará un planteamiento para reglamentar el artículo 127 constitucional, a fin de que ningún funcionario pueda ganar más de lo que percibe el Presidente de la República.

López Obrador señaló que en este grupo se contempla una propuesta para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública, con el propósito de reducir el gasto corriente, bajar sueldos de altos funcionarios y aumentar el de maestros, enfermeras, médicos, policías, soldados y marinos. En suma, incrementar los salarios de los de abajo.

A los servidores públicos intermedios se les mantendrán sus percepciones. No tendrán ninguna reducción, aseguró.

También se presentarán al Congreso modificaciones legislativas para reducir el aparato burocrático, que no haya duplicidades y se pueda ahorrar en el gasto de operación del gobierno. En este sentido, manifestó su apoyo al programa de retiro que ya existe. Quien quiera retirarse tiene derecho a hacerlo, subrayó.

Por lo que hace al grupo de iniciativas que tiene que ver con el estado de bienestar, explicó que se incluyen cambios legales para garantizar la educación gratuita en todos los niveles y cumplir el compromiso de cancelar la mal llamada reforma educativa.

Se elevará a rango de ley la entrega de la pensión para los adultos mayores, cuyo monto aumentará. Lo mismo será para el apoyo que se da a discapacitados pobres. De igual manera se convertirá en ley el derecho al estudio y el trabajo de los jóvenes.