Indígenas de Chiapas y de otros estados concluyeron ayer el Foro por la Libre Determinación y en Defensa del Territorio en el ejido tzeltal de Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas, donde exigieron a las autoridades que respeten el derecho de los pueblos originarios a la autonomía.

‘‘Tzeltales, tzotziles, choles, zoques y mestizos poseemos el derecho primordial sobre nuestro territorio y nos organizamos para defenderlo y construir nuestra autonomía. Si para el mundo occidental el sistema de partidos y la propiedad privada son parte de su derecho, para nosotros la asamblea y los bienes naturales son parte de nuestro derecho comunitario’’, afirmaron.

En el Día Internacional de los Pueblos Originarios, demandaron modificar el artículo 115 constitucional para incorporar la figura de los municipios indígenas y que se reconozca y proteja el derecho de los pueblos y comunidades indígenas de todo el país al autogobierno.

Convocados por el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, compartieron experiencias sobre libre determinación y defensa del territorio entre pueblos indígenas.

Exigieron parar la ‘‘privatización del agua’’, pues pone en riesgo las cuencas hidrológicas y la supervivencia de sus comunidades. ‘‘El agua no es un recurso económico, sino fuente de vida. Estamos dispuestos a defenderla hasta las últimas consecuencias’’, advirtieron.

Los representantes de diversas etnias advirtieron que, por medio de megaproyectos turísticos, mineros y de hidrocarburos, se pretende despojar a los pueblos originarios, ‘‘desde Palenque hasta San Cristóbal de Las Casas y de Chicomuselo a Simojovel’’.

Reiteran oposición a zonas económicas especiales

En las conclusiones del foro, expresaron su oposición a las propuestas del nuevo gobierno federal de continuar con la creación de zonas económicas especiales y con el modelo de desarrollo extractivista, que ve sus territorios ‘‘como un paraíso verde para los ricos’’, mientras los pueblos originarios están en medio de ‘‘una guerra de exterminio.

‘‘Ya estamos cansados de las promesas de los partidos políticos, que se aprovechan de las necesidades de nuestras comunidades para sus intereses; de los gobiernos corruptos que usan recursos del municipio para enriquecimiento personal y se olvidan de las necesidades de la población’’, expresaron.

Exigieron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas que en Chilón, Sitalá y Oxchuc se haga efectivo su derecho a elegir autoridades municipales de acuerdo con sus sistemas normativos internos consagrados en la Constitución.

Señalan discriminación y paternalismo del Estado

El Consejo Supremo de Michoacán señaló en un manifiesto que lo único que los pueblos originarios podían celebrar ayer es ‘‘la resistencia y la lucha por la libre autodeterminación, el autogobierno y la autonomía, porque las políticas públicas hacia los pueblos indígenas del Estado mexicano siguen siendo insuficientes, paternalistas, discriminatorias y violatorias de derechos’’.

La organización purépecha, integrada por autoridades civiles, comunales y tradicionales de más de 40 pueblos, señaló que en México siete de cada 10 indígenas se encuentran en la pobreza; 13.4 por ciento de sus hogares tienen piso de tierra, 25.5 por ciento de sus viviendas no tienen drenaje y 23 por ciento de hablantes de una lengua originaria no saben leer ni escribir, además de que 18 millones de indígenas sufren discriminación debido a su fenotipo, vestimenta, idioma o costumbres.

El documento precisa que el presupuesto para las comunidades indígenas ‘‘no corresponde con el número de habitantes que hablan un idioma originario en el estado, que en 2010 sumaban 136 mil 608 personas, 3.5 por ciento de la población de Michoacán.

“De conformidad con su número de habitantes, a los pueblos originarios les correspondería 3.5 por ciento del presupuesto, y no 0.26 por ciento, que se le asignó este año. El Congreso de Michoacán destina un capital miserable para atender las necesidades más básicas de los pueblos originarios, lo que explica la marginación y la pobreza.’’

El texto refiere que la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ‘‘es categóricamente una institución fallida, inoperante e ineficaz’’.

Agrega que el Congreso estatal destinó para este año 22 mil 409 pesos a este sector (0.26 por ciento del presupuesto estatal), pero la mayor parte se destina al pago de altos salarios a ‘‘burócratas indígenas’’ y sólo 5 millones para impulsar el desarrollo de los pueblos.

‘‘En un contexto de exclusión y discriminación, los pueblos originarios continuamos como hace más de 525 años: en resistencia, dignidad y lucha. Eso es lo único que podemos celebrar’’, concluye el manifiesto.